jueves 28 de marzo de 2024
Cara y Cruz

Fricciones presupuestarias

Como en 2020, en la discusión por el Presupuesto este año cobrará particular gravitación el incremento...

Como en 2020, en la discusión por el Presupuesto este año cobrará particular gravitación el incremento que pretende la Corte de Justicia, cuarenta puntos por encima del que se ha fijado el Poder Ejecutivo para sí mismo.

La diputada María Argerich, presidente de la comisión de Hacienda y Finanzas, anticipó que el desfasaje ocupará un lugar central en la agenda.

“Somos muy respetuosos del proyecto que eleva cada Poder del Estado, porque sabemos que el Poder Judicial, independientemente de que venga contenido dentro del presupuesto del Poder Ejecutivo, es un Poder aparte. Seguramente tendremos la oportunidad de conversar con la Corte, para conocer cuál es la mirada y a dónde está dispuesto este incremento. Más allá de que uno puede hacer un análisis primario en las planillas, no es lo mismo poder charlar sobre la mirada y con qué intención se hizo estos incrementos en los distintos puntos”, dijo la legisladora.

Añadió de todas maneras que el incremento “más notorio” en el presupuesto judicial está en el rubro de personal, “entendiendo que con ese aumento van a cubrir los fueros que no habían sido contemplados hasta el momento”.

A la luz de los precedentes, la resistencia de la Corte a que le poden las previsiones es segura. Tras la discusión a fines de 2020, la Legislatura terminó reduciéndole las partidas que había requerido en 600 millones de pesos, cuando en las tratativas previas se había acordado 300.

Vilma Molina, que por entonces presidía el tribunal, se había allanado a mermar los 300 millones con la advertencia de que debería postergarse la creación de cargos que habían sido solicitados por el propio Poder Ejecutivo, como “la Cámara de Apelaciones del Oeste y la implementación de los organismos para el fuero especial juvenil y el fuero de violencia familiar y de género y la ley de Mediación”.

El sablazo finalmente duplicó la cifra pactada y derivó en una tensa discusión meses después, en abril del año pasado, cuando la Corte exigió que le restituyeran no ya 300, sino la totalidad de los fondos.

El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias y metió la cuestión en la agenda legislativa. La ampliación se aprobó a mediados de año.

Para el año que viene, la Corte calculó un incremento del 162% respecto de 2021, contra 127% que es la pauta de aumento del Poder Ejecutivo y 48% del Legislativo.

Como lo consignó Argerich, la clave de la suba está en el personal, que se lleva el 90% de los recursos judiciales. Es la principal objeción que se desliza desde el Gobierno, que es en definitiva el que solventa los gastos.

La cifra global que pide la Corte es de 22 mil millones de pesos.

Es posible que, con el precedente de los tironeos, los ministros hayan extremado los cálculos para tener mayor margen de negociación.

El Gobierno quiere sacar la ley antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes, pero quedan solo dos plenarios.

La oposición avisó que quiere un tratamiento “exhaustivo”, de modo que reaccionará mal si el oficialismo hace valer el número para un tratamiento a libro cerrado, mucho más después del fracaso de la última escenificación de diálogo que se había programado.

El capítulo judicial sumará también obstáculos para arribar a consensos rápidamente. La Corte ya se está preparando para una discusión fuerte.

El momento podría ser propicio para por lo menos dejar planteados algunos puntos de discusión hacia adelante, independientemente de cómo se salde la pulseada presupuestaria. Más que nada, todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio de justicia que se presta y los modos de traducir la inversión en mejoras que trasciendan la mera designación de personal.

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