sábado 19 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

Fracasos rotundos

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La visibilización de la violencia de género lograda por las luchas feministas, a través fundamentalmente del movimiento Ni Una Menos, como uno de los problemas sociales más graves, no alcanza aún para que el Estado garantice la aplicación de dispositivos eficaces para prevenirla. Cuenta con estructuras institucionales creadas para tal fin y con leyes de avanzada, como la 26485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones Interpersonales”, sancionada en el año 2009, pero en la práctica la violencia contra las mujeres escala y, si bien en una altísima proporción los femicidas reciben castigos acordes con la dureza del Código Penal, tanto las fuerzas de seguridad como el Poder Judicial exhiben fracasos rotundos en la prevención, e incluso en algunos casos en la represión de los hechos que no tienen un final irreversible.

El fiasco se advierte claramente en Catamarca. Las unidades judiciales reciben toneladas de denuncias que son atendidas y tramitadas debidamente solo en una proporción mínima. El resto apenas tienen la utilidad de engrosar las estadísticas. Un caso paradigmático, conocido públicamente a través de El Ancasti, es el de una mujer de 41 años que denunció nada menos que en 100 oportunidades a su expareja, un hombre de apellido Tapia y a la pareja de éste, una mujer de apellido Cativa. Las presentó a lo largo de años en la unidad especializada en violencia de género y en otras 4 unidades judiciales más. Y hubo algunas, incluso, que intentó formularlas y no se las recibieron.

La frecuencia con la que concurrió a la Justicia no obedece a una compulsión por convertirse en denunciadora serial, trastorno que suele afectar a dirigentes políticos en épocas de campaña, sino a la necesidad de lograr una protección, objetivo que el Estado no fue capaz de cumplir. Las medidas de restricción resultaron ineficaces, de modo que a las presentaciones iniciales por “desfiguración de rostro”, “persecución”, “lesiones graves”, “lesiones leves”, “lesiones agravadas por participación de banda”, se le sumaron luego otras por “violación a la prohibición de acercamiento”.

La transgresión de las medidas restrictivas es un delito en sí mismo, pero parece no funcionar, aunque lo es, como un agravamiento reiterado de las conductas violentas. Por razones diversas pero siempre injustificadas, las autoridades policiales o judiciales incumplen con la legislación vigente, tanto la penal como la 26485.

Esta última norma consigna que las mujeres tienen derecho a recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos, particularmente el de la integridad física. Y enumera las medidas preventivas que la mujer pueden solicitar y el Estado debe otorgar: prohibición de acercamiento, cesación de los actos de intimidación, restitución inmediata de los efectos personales a la mujer en situación de violencia, disposición urgente de medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, entre muchas otras.

Pero el texto de la ley es puro palabrerío si sus postulados no se cumplen. Las fallas del sistema persisten al parecer indefinidamente, y las víctimas de la violencia de género demasiadas veces encuentran la protección que buscan si exponen su drama en los medios de comunicación.

Las necesarias correcciones deberán imponerse a través de decisiones que no solo otorguen garantías estrictas del cumplimiento de las normas y las disposiciones vigentes, así como de la implementación de los protocolos de acción establecidos, sino también que procuren sancionar los incumplimientos que resultan de impericia, negligencia o complicidad de las autoridades policiales y judiciales con los victimarios.

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