Habrá que esperar los fundamentos del juez Javier Herrera para descifrar las razones que lo llevaron a absolver el pasado martes al médico Martín Barrionuevo López en el juicio por mala praxis que lo tenía como imputado. La decisión del juez correccional causó lógica conmoción entre amigos y familiares de Alicia González, la víctima, fallecida hace seis años, que esperaban que el profesional de la salud fuese condenado.
En éste, como en muchos casos que se tramitan en los juzgados catamarqueños, las fallas judiciales fueron muchas. La furia de los allegados a González recayó sobre Barrionuevo López, pero también sobre el magistrado que resolvió librarlo de culpa y cargo. No obstante, como ya se dijo, habrá que esperar los fundamentos.
Lo cierto es que el juez Herrera aparece como la cara visible en la resolución judicial de la absolución, pero los errores más notorios no son atribuibles a él, sino, tal vez, a los fiscales que instruyeron la causa. Si el caso no prescribió por la inacción judicial es porque los familiares y amigos de Alicia González apelaron al clásico recurso de salir a la calle con carteles pidiendo justicia. Este tipo de manifestaciones tienen más impacto que las presentaciones legales que hacen los abogados querellantes. Solo por esa decisión de hacer visible el reclamo, la causa no feneció antes de llegar a la instancia del juicio.
Pero la falta de voluntad investigativa –que suele ser muy evidente en los casos de mala praxis, tal vez porque los investigados son profesionales- no fue la única falencia. Hubo otras muy llamativas. Por ejemplo, no se ordenó la operación autopsia al cuerpo y recién dos años después de la muerte que originó la denuncia, la Fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica de la víctima, que se sometió a una cirugía de ovario y terminó muriendo por una perforación del intestino. La querella considera que ese daño, presuntamente causado por el médico, está perfectamente acreditado, por lo que, más allá de las falencias de los fiscales, la decisión del magistrado es incomprensible.
Lo cierto es que son bastante las denuncias por mala praxis pero pocas las que se investigan y de las que sí merecen cierta preocupación de los fiscales, son contadas con los dedos de una mano las que llegan a la instancia de juicio, por lo general impulsadas por familiares y amigos de las víctimas que intentan lograr en la calle con sus ruidosas protestas, lo que no logran por la vía convencional en las oscuras oficinas del Poder Judicial.
El resultado del proceso judicial, que no puede denominarse como definitivo porque es muy probable que haya instancias de apelación del fallo, es desalentador no solamente para los seres queridos de la víctima, sino para la sociedad en general, que espera de la Justicia una investigación –sea por un caso de mala praxis o por cualquier delito- sólida, lo más profunda posible y que no esté condicionada por el perfil social del acusado.