Verificada su impotencia política, el presidente Alberto Fernández avanza hacia una etapa superior instigando el juicio político a la Corte y revelar la impotencia de todo el sistema para alcanzar consensos mínimos. Aunque haya desistido del desacato al fallo que le ordena restituir al Gobierno porteño parte de la coparticipación que le arrebató en 2020, los cristinistas habrán de agradecerle el ingenio.
Como eyectar a los cortesanos requiere mayoría parlamentaria calificada, coronar la arremetida en el Congreso resulta imposible por deficiencia numérica, salvo que los radicales se acomplejen y dejen de ser “la prostituta barata del PRO”, como les sugirió el deconstruido gobernador riojano Ricardo Quintela, siguiendo la línea estilística del diputado nacional Rodolfo Tailhade, que los acusó de ser “sodomizados” por el mismo partido.
Difícil que el chancho chifle. Sin embargo, el movimiento alcanza para activar el proceso en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos cuenta con ajustada mayoría propia y, someterlos a escarnios en los que, si hay que atenerse a los precedentes inmediatos, la mugre obtenida por medio de intervenciones ilícitas en comunicaciones privadas será insumo predilecto.
La síntesis es deliciosa. En el subsuelo de la degradación, “hackeos”, el espionaje ilegal marca el ritmo del funcionamiento institucional argentino, nada menos que con el máximo tribunal del país como blanco.
La política se sumerge en un estercolero. Emerge la coprocracia.
Que el contenido de los diálogos capturados refiera vínculos promiscuos entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios no habilita legitimar los procedimientos por los que fueron obtenidos sin asumir riesgos enormes. En todo caso, lo inquietante es que las componendas salgan a la luz por estos deleznables métodos, en el momento que grupos o personas cuya voluntad no está acotada por norma alguna lo decidan.
En julio, en un acto en Ensenada, Cristina se permitió ironizar por ejemplo sobre las comunicaciones de Fernández: “Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas”, se burló después de recomendarle a su decepcionante ahijado que “use la lapicera”.
Vaya a saber qué tiene Fernández en su celular, pero si se pueden hacer públicas las comunicaciones privadas sin orden judicial debería analizarse cuántas personas hay en condiciones de que les hurguen las aplicaciones sin quedar en orsai.
En sintonía con la arremetida contra la Corte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, radicó una denuncia penal en la Justicia Federal de su provincia contra Silvio Robles, vocero del presidente del tribunal, Horacio Rosatti. Según los “hackeos”, Robles asesoraba a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las tácticas judiciales más convenientes a seguir en temas que trataba la Corte. El juez santiagueño requirió los celulares, no se los dieron y giró las actuaciones a Comodoro Py porque los involucrados son porteños.
Otra denuncia similar fue planteada por Quintela.
Por cuerda aparte y en base a otras pinchaduras difundidas, D’Alessandro fue denunciado por presuntas maniobras incompatibles con la función pública.
D’Alessandro, que sacó licencia embadurnado, contradenunció y el fiscal Carlos Stornelli dispuso una batería de medidas para averiguar si el identificador de sodomitas Tailhade, exdirector de Contrainteligencia de la AFI, está detrás de los “hackeos”.
Las últimas novedades indican que las operaciones se habrían hecho desde la cárcel de Eldorado, Misiones, o sus alrededores.
El origen ilícito de las pruebas, legitimado por el propio Fernández en cadena nacional tras el incidente del viaje a Lago Escondido de funcionarios porteños, jueces y empresarios, es un obstáculo de primer orden para la acción judicial, que de ponerse en marcha se embarbascaría en una ciénaga de nulidades.
Si el objetivo fuera alcanzar la verdad, el derrotero de la saga hubiera sido más discreto, para tratar de conseguir elementos contundentes por la vía legal.
Es evidente que lo que se persigue no es llegar a algún tipo de esclarecimiento, sino empiojar la escena con un descrédito generalizado que empareje a todos los actores en la devaluación.
El embate contra la Corte es la última estribación de este diseño de deslegitimación sistémica. El diputado nacional Leopoldo Moreau mostró la pinta de los naipes con una minuta de los procedimientos que está en condiciones de gatillar la comisión de Juicio Político de la Cámara baja: convocatoria a los acusados y cualquiera que los legisladores estimen conveniente; peritajes a teléfonos y dispositivos informáticos; allanamientos. Un anticipo del escándalo que se viene, ratificado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.
La destrucción de legitimidades que hermana Justicia y opositores es consistente con la “proscripción” de la que se declara víctima Cristina Kirchner, pese a que nada le impide ser candidata. La condena por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no tendrá ese efecto hasta quedar firme, cosa que no ocurrirá durante este año electoral.
Fue más efectiva en tal sentido la prefiguración del “lawfare” contra Luis Barrionuevo ejecutada en 2003, en la que ella cumplió rol protagónico como senadora nacional: después de que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, la Corte convalidó la sentencia de la Justicia Electoral catamarqueña que le impidió ser candidato a gobernador de Catamarca por problemas de residencia.
Cristina busca erigirse en la esencia del Estado. Si ella no participa, postula, todo quedará minado por la ilegitimidad, incluido el Gobierno que viene.
Para desgracia de sus objetores, los hechos le dan por el momento la razón.
Para fondearse en su embate contra la Corte, el deshilachado Fernández tuvo que convocar a los gobernadores, que pasaron de los 18 que lo respaldaron en el desacato reculado a 11 para la aventura del juicio político.
La prédica federal empieza a ser insuficiente como justificativo de los delirios, pero el kirchnerismo ya tiene disposición el ámbito parlamentario para desplegar su estrategia de demolición.
La coprocracia es resultado de la fragmentación y el ocaso. Sin fuerza para prevalecer o arrastrar a sus sectores hacia acuerdos, cada caudillo se refugia en facciones que van achicándose.
En estas condiciones es impensable un pacto de alcance general como el que celebraron Carlos Menem y Raúl Alfonsín para la reforma constitucional de 1994. Eran los dos líderes de mayor gravitación de su tiempo, con legitimidad suficiente como para hacer respetar lo acordado.
El Pacto de Olivos robusteció al área metropolitana y la macrocefalia nacional. Allí se le dio la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires que tan álgidas controversias provoca ahora por el volumen de su coparticipación.
Revertir las fracturas requiere legitimidades políticas similares a las que tenían a principios de los ‘90 Menem y Alfonsín.
Algo que se acerque al poder convocante que consiguió la Scaloneta en Qatar.
El presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, llevó la copa mundialista a Mar del Plata al gastronómico Luis Barrionuevo y lo elogió como hombre leal y de códigos.
Dante Panzeri usaba el concepto para el fútbol, pero la política también puede ser la “dinámica de lo impensado”.