jueves 8 de octubre de 2026
Marcharon hacia el CAPE

Estatales volvieron a reclamar por la actualización de los sueldos

El jueves último, el frente de Trabajadores Estatales Unidos de Catamarca realizó su segunda movilización en reclamo por la liquidación de los haberes a los empleados públicos provinciales, mediante una marcha que tuvo como destino final las oficinas del CAPE.

Participaron de la misma integrantes del gremio APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control), la Asociación de trabajadores del IPV, la Asociación de empleados de ARCA de Catamarca, APROSCA (Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca), Autoconvocados de la Salud y otras organizaciones de trabajadores autoconvocados de numerosas reparticiones estatales, entre otros.

Luego de iniciarse la movilización en la intersección de las avenidas Belgrano y Alem, continuó la caminata por diferentes sectores del CAPE, hasta concluir en la zona de la plaza de armas. Al momento de las alocuciones, el CPN Mauricio Hezze, secretario General de APOC, remarcó que “estamos reclamando lo que es justo. Es una política salarial vergonzosa la de este gobierno, que viene a socavar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Las actas nefastas firmadas con algunos gremios, más que una verdadera burla, son un insulto a la inteligencia de cada trabajador público”.

Por su parte, Pablo Marzese (Autoconvocados Ministerio de Salud Área Central) señaló que “todos sabemos que la inflación afecta actualmente nuestro poder adquisitivo de manera muy importante. Con los arreglos miserables realizados por el Gobierno Provincial con otros gremios, el salario no alcanza. Es evidente que no podemos comprar lo mismo que compramos antes”.

Los gremios reclaman por el cumplimiento de la pauta salarial 2022 y el pago de la deuda generada durante 2022 debido a la incorrecta liquidación de los porcentajes de recomposición salarial. También, solicitan el blanqueo de los bonos en negro y la reapertura de paritarias 2023 abiertas y transparentes, sin exclusiones. Sostienen que ya hubo una pérdida del 26,2% del poder adquisitivo de los empleados públicos en el año pasado.

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