En las últimas semanas han salido a la luz numerosas maniobras que implican una defraudación al fisco a través de mecanismos ilícitos vinculados con trámites aduaneros. Bastó un poco de decisión política e investigaciones no tan complejas para que se detectaran. Algunos de estas operaciones defraudatorias se habían conocido antes de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, pero fue desde que el expresidente de la Cámara de Diputados asumió la cartera que las indagaciones se hicieron más sistemáticas y los resultados más evidentes.
Para que se concreten estas operaciones irregulares, se necesitan empresarios privados que delinquen y un Estado bobo que no controla. O, peor, funcionarios estatales que participan del negociado y hacen la vista gorda deliberadamente.
Ya son una treintena las maniobras ilegales descubiertas desde fines de julio. La última de ellas fue el hallazgo de un cargamento de maquetas que simulaban ser placas de video. Muy burdo, pero real. En general, las estratagemas detectadas son sobrefacturación de importaciones, triangulaciones ilícitas, mercaderías sin registrar y maniobras realizadas con el propósito de ocultar divisas. Hay otras más graves, porque son de un armado más complejo e involucrarían a funcionarios de la Justicia, que propician atajos para la evasión: las cautelares judiciales que empresarios logran para armar negocios no autorizados por el Estado. Aduanas informó que ya hay más de 1.800 millones de dólares de importaciones que se hicieron vía cautelares. Y hasta se detectaron empresas que “alquilaban” cautelares a otras empresas que no disponían de ese beneficio. Grosero, pero también real.
Que el Estado realice los controles debidos implica la recuperación de divisas que antes se perdían en maniobras de corrupción –un dato muy relevante en el actual contexto de escasez de divisas-, pero también, como efecto inevitable, desalienta operaciones futuras de este tenor. Ya en lo que va del mes de agosto se observa un descenso marcado en la registración de triangulaciones de importaciones, por ejemplo.
Hay coincidencia generalizada respecto de que si el Estado realizara eficientemente los controles que están bajo su competencia se ahorraría miles de millones de dólares al año, que podrían invertirse en obras o inversiones orientadas a la producción. Las maniobras de fraude al fisco son muy comunes no solo en ámbitos aduaneros: la semana pasada la AFIP incautó, durante un operativo de fiscalización, 7 mil toneladas de granos sin declarar en un campo de la provincia de Buenos Aires que se encontraban almacenadas, sin ninguna documentación respaldatoria, en silobolsas.
La comercialización ilegal de granos con el fin de evadir impuestos y fugar divisas, como las operaciones ilícitas montadas en ámbitos aduaneros, son prácticas habituales que solo pueden desbaratarse con más y mejores controles. Es decir, con un Estado que deje de ser bobo, en el mejor de los casos, o cómplice, en el peor.
