Una norma del 2012 habilita a cooperativas autorizadas por el municipio capitalino a cobrar por los espacios.
El polémico proyecto de ordenanza presentado por los concejales del bloque de La Libertad Avanza y el PRO en el Concejo Deliberante de la Capital incluye puntos que ya están incluidos en ordenanzas anteriores que prevén, entre otras cuestiones, el cobro por el estacionamiento en zonas delimitadas a través del “Sistema de Estacionamiento Ordenado y Prepago” creado por ordenanza en el 2012.
El cobro por el estacionamiento en las zonas que el municipio capitalino había determinado por esta ordenanza estaba bajo la responsabilidad de los integrantes de cooperativas a las que la municipalidad les otorgaba la concesión. Si bien estos grupos dejaron de cobrar por estacionar en los lugares asignados, la ordenanza sigue en vigencia según la página web oficial del Concejo Deliberante.
El intento de los concejales Eleonora Sopaga y Diego Figueroa por “recuperar el orden, la seguridad y la legalidad en el uso del espacio público” no es una novedad dentro del órgano deliberativo de la Capital.
En 1978 la ordenanza ya planteaba “la necesidad de propender al reordenamiento del tránsito en la ciudad Capital procurando a los usuarios de la vía pública un adecuado estacionamiento de vehículos”, declarando servicio público municipal el sistema de estacionamiento medido y/o controlado para el uso racional de la vía pública y de los espacios destinados a tal fin.
Cabe señalar que la ordenanza entendía este sistema como el “estacionamiento medido y/o controlado por unidad de tiempo u otra forma de medición, dentro del ejido municipal, en las áreas que el Departamento Ejecutivo determine por vía reglamentaria, en las condiciones y modalidades que se fijen, en forma igualitaria y para la generalidad de la población”.
En 1981, una nueva legislación incorpora el uso obligatorio de tarjetas para control, fija límites de tiempo para el estacionamiento, establece los precios y las sanciones específicas para los usuarios. De este modo, el municipio pasa de un marco normativo general a un sistema más práctico y operativo, orientado a ordenar de manera efectiva el uso del espacio público en zonas de alta demanda.
Con la ordenanza 2922, de 1995, el municipio siguió avanzando con las legislaciones anteriores y llama a concurso “para dar en concesión el Sistema de Estacionamiento Medido a personas físicas y/o jurídicas; cooperativas de trabajos, empresas privadas, asociaciones, sistemas mixtos cooperativas más capital privado”, y además demarcaba las calles sobre las cuales regía el estacionamiento medido y el valor según las zonas.
Ya en 2012 entró en vigor la ordenanza que está en vigencia pero no se aplica. Esta modificación introduce una zonificación diferenciada con tarifas según áreas de alta y media demanda, establece beneficios para residentes frentistas, regula de manera más detallada las obligaciones tanto de los usuarios como del personal de control y suma un régimen de sanciones más preciso, incluyendo multas, bloqueo y remoción de vehículos. Además, contempla excepciones específicas (como para personas con discapacidad y servicios de emergencia) y abre la posibilidad de incorporar nuevos sistemas tecnológicos en el futuro.
Ahora, la iniciativa libertaria quiere prohibir la exigencia del pago por parte de cualquier persona mediante un nuevo proyecto.n