lunes 15 de abril de 2024
Cara y Cruz

Escalada latente

Los primeros indicios de la investigación sobre el ataque a un conductor de la aplicación de Uber muestran un “modus operandi”: taxistas y remiseros contratan los servicios de la aplicación y emboscan al conductor que va a realizarlo.

No se sabe si estas maniobras son incipientes o ya vienen ejecutándose para amedrentar a quienes trabajan con Uber.

Podría ser que se hayan realizado antes, con desenlaces menos brutales porque a las pandillas de trabajadores del volante les bastó con la dialéctica para disuadir a sus competidores en cada caso puntual.

Para los Uber sería complicado denunciar, ya que trabajan en la semiilegalidad. Al imponerles el cumplimiento de requisitos similares a los de taxistas y remiseros, la norma sancionada por la Legislatura el año pasado anula la rentabilidad del negocio y, por lo tanto, se torna inoperante.

Una muestra más del corto alcance que tienen iniciativas pergeñadas para salir de apuro, por compromiso, sin considerar la realidad concreta de las actividades que pretenden regularse.

Lo mismo ocurrió con la “ley anti-plus”, sacada para descomprimir las manifestaciones que acaudillaba el entonces secretario general del SOEM Walter Arévalo. Fue aprobada con estruendosas alharacas, como si al fin se hubiera terminado con el añejo problema, pero ahí siguen los médicos cobrando el adicional, en negro, sin mayores inconvenientes.

En el caso de Uber, se buscó una solución intermedia que conformara tanto a los concesionarios de taxis y remises como a los usuarios de la aplicación. Es importante enfatizar en esto: son los usuarios los que quieren que la aplicación funcione en Catamarca, hay una demanda indiscutible que taxistas y remiseros no satisfacen.

Uber continuó funcionando por una razón muy sencilla: brinda un mejor servicio, más barato, sus unidades están en mejores condiciones y ofrece la posibilidad de ganar unos pesos extra a los conductores sin tener que dejar el óbolo a los propietarios de las licencias.

Esto, es cierto, le proporciona al servicio una enorme ventaja competitiva que la ley intentó neutralizar con la imposición de requisitos, pero que en la realidad se traduce en la clandestinización y un enorme esfuerzo para controlar y detectar a los transgresores.

Los representantes gremiales de taxistas y remiseros inscribieron el brutal episodio de ayer en “una pelea de pobres contra pobres” y acusaron a la gente de Uber de haber iniciado las agresiones.

En este sentido, remarcaron las deficiencias que tendría la plataforma, como la carencia de seguros, señalaron que no se someten a la fiscalización de la Municipalidad establecida, destacaron que su existencia amenaza el sustento de “900 familias” y se quejaron por la desigualdad de las condiciones en las que deben competir.

También advirtieron que son ellos que están “conteniendo” a taxistas y remiseros para que no tomen represalias directas y se manejen en el marco de la ley.

Esta reacción corporativa abre inquietantes proyecciones. La posibilidad de una escalada de violencia está latente.

El municipio tomó la decisión de inhablitar las licencias de quienes se vean involucrados en incidentes violentos, pero esto no será suficiente si no prima la sensatez entre los protagonistas del enfrentamiento.

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la procesion quedo envuelta  en una controversia politica

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