La abogada Silvia Barrientos aseveró que hay empleados de la Legislatura cumpliendo tareas en el negocio comercial privado del diputado Javier Galán.
Las abogadas Silvia Barrientos y Melisa Castro, representantes de las personas que denunicaron al diputado Javier Galán, expusieron detalles sobre el avance de la investigación y pusieron el foco sobre el peculado de servicios en el que habría incurrdio el legislador al hacer trabajar a empleados legislativos en su negocio comercial privado, el corralón “San Javier”.
En una entrevista con Tiempo Real de Ancasti Streaming, Barrientos explicó que, además de las denuncias por abuso sexual, el proceso judicial avanza con pruebas sólidas sobre irregularidades administrativas. Un testigo clave, aseguró la letrada, declaró ante el juez de Garantías Marcelo Sago que figuraba como empleado de la Cámara de Diputados pero nunca cumplió funciones allí, sino que fue obligado a trabajar en el corralón.
Se trata de Iván Luna Avellaneda, quien fue ofrecido como testigo por la primera mujer que denunció a Galán y ratificó el peculado al denunciar a su vez que diputado lo amenazó para que desdijera a la mujer. “Es fácil de comprobar”, aseguró Barrientos, y señaló que la Justicia ya cruza información con las autoridades laborales para verificar si existieron pagos sin contraprestación en el ámbito público.
Luna Avellaneda denunció haber sido amenazado de muerte e intimidado con armas para evitar su declaración, lo que configura un “entorpecimiento directo de la investigación”, advirtió Barrientos. Para la querella, este accionar refuerza la gravedad del caso.
El trabajador relató también que parte de su sueldo era transferido a cuentas de mujeres jóvenes, siguiendo órdenes de Galán. “No había un traspaso directo a la cuenta del diputado, pero sí a otras cuentas por orden suya”, precisó Barrientos, lo que abona la sospecha de un esquema de desvío de fondos públicos hacia fines privados. La abogada insistió en que la Justicia tiene elementos suficientes para avanzar.
“Es fácil de comprobar si esas personas realmente trabajan en la Cámara o si cumplen funciones en el corralón. Los registros laborales lo dirán”. El proceso judicial no está exento de presiones. Barrientos y Castro denunciaron haber recibido amenazas mafiosas en llamadas telefónicas.
“Nos dijeron que una de las denunciantes iba a ser entregada en un cajón, otra vez, en bolsas negras”, relató Castro. “Miedo no tengo, bajo ningún concepto, pero sí lo tienen las víctimas. Es respetable, tienen mucho temor”, expresó Barrientos.
Los denunciantes —tres mujeres y un hombre— cuentan con custodia policial debido al riesgo que enfrentan. “Estamos en un proceso desigual, con una asimetría de poder enorme. Las víctimas están expuestas y sufren ataques constantes”, señaló la abogada.
Barrientos también cuestionó la actitud de Galán en la Cámara de Diputados, donde mostró fotografías de casos resonantes como el de María Soledad Morales y del ministro Juan Carlos Rojas, cuya muerte continua irresuelta tras más de tres años de investigación.
“Me pareció terrible y hasta morboso. Se vulnera todo derecho de la intimidad. Lo hizo quizá para aminorar lo que a él le compete”, opinó. Para la abogada, Galán busca con este tipo de maniobras desviar la atención y relativizar las acusaciones en su contra.
Respecto a los fueros parlamentarios, la letrada fue tajante.“Si realmente el señor Galán se quisiera poner a disposición de la Justicia, se sacaría solo sus fueros porque no tiene nada que temer”, dijo. Para la querella, los fueros se han convertido en un obstáculo que retrasa la investigación y protegen al legislador.
Barrientos insistió en que la Justicia avanza con paso firme y que pronto se esperan resultados sobre el pedido de desafuero. “Allí él podrá defender su inocencia y nosotros los intereses de las víctimas”, afirmó.
La abogada desmintió además versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Galán y una de las denunciantes: “No, absolutamente desmentido. Estamos ansiosos porque se analicen los teléfonos. El que nada debe, nada teme”, sentenció. Barrientos advirtió: “Las víctimas denuncian cuando pueden, cuando se sienten capacitadas y acompañadas. No las juzguen por no haber denunciado antes”, remarcó.