Cada 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. Este año, los datos muestran que se envejece a paso firme, una infancia que sigue siendo la más pobre entre los pobres, y una generación joven que decide tener menos hijos y más tarde. La pregunta ya no es cuántos somos, sino qué derechos garantizamos a quienes nacen, envejecen y cuidan.
Desde que Naciones Unidas instituyó la fecha en 1990, el mundo dedica una jornada a mirar algo que casi nunca ocupa el centro de la conversación pública: la forma en que una sociedad nace, crece, envejece y muere. No es una efeméride decorativa. Es una oportunidad para revisar, con datos y sin alarmismo, uno de los procesos más silenciosos y más determinantes de nuestro tiempo: el cambio en la estructura de edades de la población. En Catamarca y en el resto del Noroeste argentino, ese cambio ya no es una hipótesis a futuro. Es un dato que se puede medir hoy.
La población de 60 años y más representa en la actualidad el 14,9% del total de Catamarca. Las proyecciones oficiales estiman que ese porcentaje treparía al 21,7% hacia 2040, un ritmo de envejecimiento incluso más acentuado que el del conjunto del NOA. Dicho de otro modo: en apenas quince años, uno de cada cinco catamarqueños tendrá más de 60 años. Eso no es una curiosidad estadística, es una demanda concreta sobre los sistemas de salud geriátrica, sobre las políticas de cuidado y sobre la sostenibilidad previsional. La pregunta que queda planteada es si esa transformación se anticipa con políticas de autonomía y cuidado para las personas mayores, o si se la enfrenta recién cuando la carga ya sea imposible de sostener.
El envejecimiento convive, de manera paradójica, con la persistente infantilización de las privaciones. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA, los hogares con niños, niñas y adolescentes enfrentan sistemáticamente mayor riesgo de pobreza monetaria que el resto de la población, una brecha que no se corrige sólo porque mejoren los indicadores macroeconómicos generales.
La vulnerabilidad infantil no se agota en el ingreso familiar. Una proporción significativa de los chicos y chicas de 0 a 4 años convive con inseguridad alimentaria, con diferencias socioeconómicas profundas, y buena parte de los niños en edad de nivel inicial no asiste a la escuela, especialmente en los hogares con menor capital socioeducativo. Estas desigualdades se instalan desde los primeros años de vida y condicionan, de manera casi irreversible, el desarrollo humano futuro.
Hay un dato que debería interpelar directamente a la gestión pública: la natalidad en el NOA muestra una caída sostenida, pero esa baja de los nacimientos no se traduce, en varias provincias de la región, en mejores resultados de salud infantil. Es decir, nacen menos chicos, pero eso no alcanza, para que a quienes sí nacen les vaya mejor. Esto desarma cualquier lectura simplista que suponga que menos nacimientos equivalen automáticamente a más calidad de vida para la infancia.
La transición demográfica también es una transformación de subjetividades, y hay evidencia producida localmente que lo confirma. La Encuesta sobre la Realidad Social, Participación y Bienestar de los Jóvenes (REJOV 2025), relevada en Capital de Catamarca, muestra que más del setenta por ciento de los jóvenes percibe que su generación inicia la vida reproductiva más tarde que las anteriores.
La mayoría reconoce, además, una mayor capacidad de decisión sobre la maternidad y la paternidad respecto de generaciones previas: casi nueve de cada diez coincide en que ser madre o padre ya no es un mandato obligatorio, y una proporción similar identifica al acceso a métodos anticonceptivos, el empleo, los ingresos y la estabilidad económica como factores que inciden de manera determinante en sus decisiones reproductivas.
Estos datos no describen una pérdida de valores ni una imposición externa. Describen jóvenes que ejercen, con creciente autonomía, el control sobre su propio proyecto de vida, muchas veces postergando la maternidad o la paternidad por metas educativas o laborales, o directamente frenados por restricciones concretas de vivienda y empleo.
Ninguna política demográfica puede diseñarse a partir de la sola acumulación de indicadores, ni puede desvincularse de la garantía de derechos. Una tasa de mortalidad materna o infantil elevada no es un número aislado: es la expresión de brechas de acceso, de infraestructura y de género que hay que develar antes de que se conviertan en política pública.
Eso exige un sistema de información poblacional con datos de calidad, oportunos y desagregados por territorio, y una conexión real entre universidades, organismos científicos y quienes toman decisiones, para que el conocimiento producido en el ámbito académico llegue efectivamente a la gestión. La niñez, la vejez, la maternidad y la migración no son categorías demográficas neutras: son personas sujetas de derechos que el Estado debe proteger a lo largo de todo el curso de vida.
Nada de esto se resuelve sólo con diagnóstico. Por eso, desde el ámbito académico se plantea una convocatoria concreta: que los gobiernos, en todos sus niveles, incorporen la evidencia demográfica como herramienta permanente de anticipación y no como insumo ocasional, y que sostengan políticas de largo plazo que no dependan de los ciclos electorales. Que las universidades y los organismos científicos fortalezcan la producción de evidencia territorial y la acerquen a quienes gestionan. Que la sociedad civil se apropie de estos datos como herramienta para exigir derechos. Y que el sector privado asuma su parte en construir entornos laborales que no obliguen a los jóvenes a postergar sus proyectos de vida por falta de condiciones materiales.
Comprender cómo cambia una población es comprender el futuro de su desarrollo. Ninguna provincia puede planificar su porvenir de espaldas a la evidencia sobre cómo cambia su gente. En este Día Mundial de la Población, el dato central no es cuántos somos, sino en qué condiciones envejecemos, nacemos y cuidamos. Y ese dato, antes que una cifra, es una cuestión de derechos.
El presente artículo retoma datos y argumentos de la proclama "Comprender la población, garantizar el futuro", elaborada con motivo del Día Mundial de la Población 2026 por Daniel Esteban Quiroga (CONICET-UNCA), Norma Macías (IIED, FCEyA-UNCA) y Efraín Nieva (IIED, FCEyA-UNCA), en el marco del Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (IRES) y la Universidad Nacional de Catamarca.