El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene casi 70 años de historia, periodo en el que puede exhibir infinidad de aportes al desarrollo de la producción del campo argentino. Fundado el 4 de diciembre de 1956, actualmente es uno de los tantos organismos públicos que apunta a ser desfinanciado y desmantelado por decisión del gobierno nacional.
Como paso previo a ese proceso de debilitamiento y deterioro, el INTA ha sido objeto de una campaña de desprestigio y estigmatización, que asocia a los organismos del Estado a “cajas de la política”. En rigor, se trata de imputaciones que luego no se ratifican con información concreta. Es probable que existan, en algunas circunstancias, un uso poco eficiente de recursos, pero tales deficiencias deben ser corregidas sin que implique un desmantelamiento, con perjuicios para los trabajadores, pero también, en este caso, para los sectores rurales que reciben la asistencia técnica.
Existe un estudio muy pormenorizado que cuantifica el aporte del INTA en el desarrollo del sector agropecuario. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Economía del organismo, indica que desde su creación y hasta el año 2019, fecha en la que se le da un corte a la investigación, generó una tasa interna de retorno del 14%, beneficiando al sector específico pero también a la actividad económica en general.
El estudio especifica que en el último medio siglo “el índice de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), que mide la relación entre los insumos utilizados y la producción obtenida, creció de un valor base de 100 en 1973 a 275 en 2016. Este aumento del 175% es el resultado de una innovación tecnológica que se visualizó en el desarrollo de nuevas variedades de semillas, mejoramiento genético animal y prácticas avanzadas de cultivos”.
También señala que el INTA contribuye en “la transferencia de tecnologías a empresas privadas que terminan exportando maquinarias e insumos, el desarrollo de sistemas de manejo sostenible, como el manejo de bosques con ganadería integrada que permite un uso productivo y ambientalmente responsable de los recursos naturales, así como las innovaciones realizadas por el Instituto que permitieron evitar pérdidas económicas calculadas en 500 millones de dólares anuales”.
El proceso de desfinanciamiento del INTA, que amenaza con profundizarse en 2025, comenzó este año. El presupuesto asignado en 2024 es menos de la mitad a valores reales de lo que le correspondería según el último presupuesto aprobado (2023).
Desestimar el aporte que el INTA hace al desarrollo del sector agropecuario es un error que tendrá costos a corto plazo, pero también desde una perspectiva estratégica, y se suma al desmantelamiento de otros programas vinculados a la asistencia y desarrollo de la agricultura familiar. El Estado realiza aportes de gran valía para el crecimiento del sector rural, por lo que propiciar un ajuste a esas políticas va en sentido contrario de las necesidades de la economía argentina.
