Furia. La familia de Silvina Nieva, detenida una semana sin una orden, contra los fiscales Palacios y Costilla.
El problema pasa menos por las presuntas intenciones colonizadoras del Gobierno que por la incompetencia de los colonos que designa. Los errores en la instrucción de la causa por el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas lo dejaron expuesto gracias a la importancia del occiso. Otro asesinado carente de Luises Barrionuevo que levantaran la perdiz estaría ya sepultado, cerrado el expediente de su muerte con las expeditivas y cómodas causas naturales, sin tantas milongas.
Los defectos de origen de la investigación completaron el círculo del grotesco ayer, cuando el juez de Garantías Lucas Vaccaroni ordenó liberar a Silvina Nieva, única sospechosa del crimen, porque nadie había firmado la orden de detención y por consiguiente era nula. Es decir: el juez de Garantías ni siquiera tuvo necesidad de analizar si la prueba reunida por los fiscales era suficiente como para justificar la detención, porque le bastó constatar que todo el procedimiento estuvo viciado.
La situación del fiscal Laureano Palacios es cada vez más complicada, pero salpica a todo el Ministerio Público Fiscal y al sistema judicial por transición. Inmediatamente después de que Barrionuevo reveló que Rojas había sido asesinado, Palacios se movió amparado por el fiscal General Alejandro Dalla Lasta, quien le asignó como colaboradores a los fiscales Hugo Costilla y Alejandro Gober.
Los refuerzos no bastaron para advertir que no había orden de detención en forma contra Nieva, detenida el 7 de diciembre, a quien el sábado le endilgaron nada menos que homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, para el que la única pena prevista es la prisión perpetua.
El nivel de desidia o impericia fue tal que los multiplicados pesquisas ni siquiera parecen haberse dado cuenta de que la envergadura del caso y sus proyecciones –se trata nada menos que del asesinato de un ministro- demandaban celo extremo en el cumplimiento de las formalidades, sobre todo después de un inicio tan accidentado que fueron necesaria una segunda autopsia para corroborar lo que ya decía la primera.
A Palacios le toca estar en el epicentro de la controversia. Ingresó al Poder Judicial inmaculado de precedentes que no fueran políticos, propuesto por el Poder Ejecutivo porque el concurso para cubrir el cargo había quedado desierto. Lleva poco más de tres meses en el puesto y, para su desgracia, le tocó prácticamente debutar con tamaño episodio. En el pecado, la penitencia: la política lo encumbró y fue la política, a través de Barrionuevo, la que desnudó sus limitaciones. Vaya a saberse, tal vez la política lo salve también a pesar de todo.
Pero el asunto no es Palacios, sino una mecánica que viene cubriendo numerosos casilleros judiciales vía componenda y terminó transformando al Poder Judicial en una cueva de “puntos índice” de privilegio, con planta permanente y emolumentos desmesurados en comparación con cualquier otro ámbito de la administración pública.
El criterio del Gobierno, que propone, es suscripto por la Cámara de Senadores, que dispone con la aprobación de los pliegos y gravita por lo tanto en la comercialización de los suculentos cargos.
La corporación judicial consiente a su vez el manoseo que la degrada, con indiferencia proporcional a la energía que eroga en reclamar más plata que el resto de los cristianos.
Y lleva su tajada también, no es cuestión de dejarse franelear gratis.
Es todo el sistema de configuración del Poder Judicial el que falla. El resultado es una pésima prestación del servicio de justicia, donde los méritos que pueda hacer un individuo naufragan contra la ineficacia del conjunto y son sepultados en la carrera judicial por dedos influyentes que favorecen ineptos.
Independientemente de cómo termine la historia, también Silvina Nieva, que estuvo presa una semana sin que nadie sepa qué elementos la incriminan condensa la indefensión de una sociedad en libertad condicional.
