De los acuerdos a los que puedan arribarse en la reunión que el presidente Javier Milei y los gobernadores mantengan...
De los acuerdos a los que puedan arribarse en la reunión que el presidente Javier Milei y los gobernadores mantengan hoy dependerá el margen de maniobra que tendrán ambas partes en el manejo de la crisis actual. Si bien será “a agenda abierta”, se conocen las necesidades de ambas partes. El Gobierno nacional lanzó un estricto plan de ajuste que involucra, entre otros aspectos, un recorte de las transferencias no automáticas a las provincias. La caída de la actividad económica impactará también negativamente en las finanzas de las jurisdicciones subnacionales: a menor recaudación, menor el arribo de fondos coparticipables o transferencias automáticas. La paralización de la obra pública, finalmente, es otra de las medidas que comprometen el equilibrio fiscal de las provincias.
En ese contexto, la aspiración del Gobierno nacional de que los gobernadores acompañen las medidas de ajuste solo parece viable si ofrece compensaciones. Los mandatarios han dado señales de que están dispuestos a inaugurar una etapa de austeridad y responsabilidad en la administración de los fondos públicos. Pero eso no será suficiente si no logran resarcimientos de parte de las autoridades federales. Sin ellos, no podrán financiar ni siquiera los gastos corrientes.
La coparticipación del Impuesto al Cheque es una de las propuestas que los gobernadores tienen en carpeta. Deberá instrumentarse a través de una ley del Congreso, pero por más que el trámite sea legislativo, esperan una aprobación del Ejecutivo nacional, que tiene la potestad de derogarla. Otra iniciativa, pero que en este caso encuentra a Milei y los gobernadores con intereses coincidentes, es el de la reversión del Impuesto a las Ganancias. Sería beneficiosa para Nación y provincias, pero con un costo político alto y con un trámite complicado en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Los proyectos acordados con Sergio Massa antes del balotaje, que tienen estado parlamentario, de sustituir o compensar las pérdidas por la quita del Impuesto a las Ganancias y de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, ya no tienen viabilidad luego del resultado del 19 de noviembre.
Si bien las medidas de ajuste forman parte del plan de gobierno de las autoridades nacionales, los gobernadores son plenamente conscientes de que las provincias se encuentran, frente a las protestas sociales, en la primera línea. En el caso de Catamarca, por ejemplo, los gremios que representan a los trabajadores estatales están a la espera de reunirse con el Ejecutivo provincial para discutir la pauta salarial para los próximos meses en el actual contexto de aceleración del proceso inflacionario. Con atinado criterio, las autoridades provinciales postergaron la reunión con los sindicalistas hasta después del encuentro con Milei, de donde pueden salir mayores precisiones respecto a la disponibilidad de fondos.
En el último año, con un promedio de inflación mensual del 8% aproximadamente, la administración de Raúl Jalil logró conceder aumentos salariales a los empleados públicos que lograron competir con el aumento de los precios. Pero se espera, ya con el nuevo gobierno nacional, un esquema inflacionario de entre el 20 y el 30% mensual para diciembre y enero, y una disponibilidad de recursos provinciales menor, lo que abre un interrogante respecto de la factibilidad de que la provincia pueda afrontar actualizaciones salariales congruentes con la disparada de los precios.
Lo mismo sucede, con algunas que otras diferencias resultantes de las realidades particulares, en el resto de las provincias argentinas. De modo que es un hecho que los gobernadores aludirán en la reunión de hoy al riesgo de la conflictividad social, empezando por los gremios estatales, como un argumento para exigir compensaciones por los recortes que ya anunció la administración Milei y las que se difundirán en los próximos días.
