Un grupo de agentes de la administración pública provincial presentó ante la Corte de Justicia de Catamarca una demanda contenciosa administrativa contra el Estado provincial, por la supuesta mala liquidación que, según advirtieron, se viene cometiendo desde el año 2022. En este sentido y luego de reclamos administrativos y protestas callejeras, los empleados decidieron llevar el planteo a ámbitos judiciales. Ahora será la Corte de Justicia quien deberá resolver si el reclamo corresponde o no.
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Empleados públicos judicializan su reclamo por malas liquidaciones
La presentación fue hecha luego de acabar con la vía administrativa sin tener respuestas favorables. El reclamo viene desde el año 2022.
La presentación fue realizada por el abogado Jorge Sosa, representando a un primer grupo de 55 empleados públicos dependientes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y de la Contaduría General de la Provincia.
De acuerdo con lo que explicaron, los empleados públicos reclaman por la supuesta mala liquidación de haberes realizada desde el año 2022, cuando previamente se emitió el Decreto Acuerdo Nº 620/2022 mediante el cual el Gobierno provincial se comprometió a realizar una actualización salarial bimestral en base a los índices de inflación con el fin de que los agentes de la Administración no pierdan el poder adquisitivo. No obstante, los agentes sostienen que el cálculo realizado por el Ejecutivo provincial no tomó como base los índices de la inflación de manera acumulativa, produciéndose así un incumplimiento de lo acordado, "ya que no se logró el objetivo planteado y los empleados perdieron en el año 2022 un 26,2% frente a la inflación".
En este marco, advirtieron que la deuda que el Estado provincial mantiene con la totalidad de la Administración equivale a entre uno y tres sueldos, dependiendo de la categoría, función y antigüedad de cada uno de ellos.
Esta situación fue planteada en varias oportunidades, primero por los organismos competentes de control interno de la Provincia y luego por el gremio APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca que tiene como referente a Mauricio Hezze.
En ese sentido y durante todo el año pasado, el sindicato expresó su repudio ante los acuerdos realizados entre el Gobierno provincial (a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y del Ministerio de Economía) y los gremios considerados “afines al Gobierno”, estableciéndose ajustes salariales con porcentajes fijos y siempre por debajo de la inflación. Así, mientras los incrementos llegaban al 81,5%, la inflación rondaba el 211%.
Detalles
“Los empleados públicos denunciantes sienten que fueron vulnerados en sus derechos y en sus ingresos salariales. Por ello realizan el planteo jurídico, previo haber agotado la vía administrativa, a los fines de que la Corte de Justicia de la Provincia resuelva esta acción que apunta a recomponer los salarios”, remarcó el abogado Jorge Sosa luego de realizar la presentación. En esa línea, el letrado aclaró que “esta vía la puede usar cualquier ciudadano catamarqueño que observe que se vulnera su salario”.
Según se explicó, la presentación judicial incluyó la nota especificando el reclamo formal, adjuntando la correspondiente fundamentación técnica/estadística, los informes oficiales del INDEC y las copias de los decretos. Debido a que el reclamo se realiza en contra de la aplicación de un Decreto del Poder Ejecutivo, la demanda se inicia ante la Corte de Justicia de Catamarca.
Desde el grupo de denunciantes, se señaló que previo a esta instancia, hubo una serie de reclamos de carácter administrativo realizados por los empleados públicos, sin obtenerse ningún tipo de respuesta. Es así que 15 mil empleados públicos provinciales presentaron, desde junio de 2023, un “Recurso de Reconsideración” ante el Gobierno provincial por el mismo motivo.
Finalmente, advirtieron que anteriormente se presentaron otros reclamos formales administrativos como ser “Prontos Despachos” y un “Recurso Jerárquico” al Gobernador de la Provincia, sin obtenerse respuesta alguna por parte del mandatario provincial, ni de la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.