La habilitación a las escuelas de gestión privada para que aumenten sus aranceles hasta un 80% se interpretó...
La habilitación a las escuelas de gestión privada para que aumenten sus aranceles hasta un 80% se interpretó como una emboscada, porque el Ministerio de Educación sacó la resolución el 29 de febrero, a menos de una semana del inicio del ciclo lectivo, cuando ya las familias no tenían ningún margen para intentar cambiarse a instituciones más adecuadas para su bolsillo o bien al sistema público.
Es como si Educación le hubiera armado un “corralito” a los colegios confesionales y privados para evitarles eventuales fugas de una clientela agobiada por la inflación, que ya había dejado parte del hígado en la compra de uniformes y útiles para que su prole empezara el año escolar más o menos dignamente.
La resolución fue sorpresiva porque Educación había informado que no se plegaría a la liberalización total de los aranceles decidida por Nación y que seguiría con el método habitual de acordar con los colegios y luego autorizar.
Si hubo tratativas, se desarrollaron muy discretamente. Manga y vacuna. No hay forma de esquivar el misilazo al bolsillo y se abre un horizonte incierto.
Apenas abiertas las aulas, las escuelas informaron de aumentos que fluctúan entre el 50 y el tope del 80%.
La resolución sugiere a las instituciones establecer la cuota de acuerdo a "la situación socioeconómica de su contexto y comunidad".
El techo del 80% se fijó proyectando una fórmula que conjuga “los costos fijos asociados al funcionamiento institucional y el índice de precios al consumidor de la región NOA".
Luis Herrera, referente de los colegios privados y confesionales de la provincia, dijo que no todas las instituciones podrán trasladar ese porcentaje.
Aclaró que la subvención que reciben por parte del Estado no es del 100% en cuanto a los costos que son indispensables para sostener el servicio.
"Ese 100% hace al tema de docentes frente a los alumnos, pero todo lo que hace al edificio, al personal que está por fuera de la subvención del Estado, gestiones administrativas, asesoramientos legales, contables y algunos talleres extracurriculares no está subvencionado por el Estado", señaló.
La subrepticia gestión burocrática del aumento obedeció también a la necesidad política de impedir un aluvión de migraciones desde la educación privada hacia la de un sector público que no está en condiciones de absorber una demanda de la magnitud que devendría de la crisis y la meteórica caída del poder adquisitivo.
Es un fenómeno asociado a la pauperización que se empieza a manifestar con fuerza en todo el país.
El Ministerio de Educación de Córdoba informó que 15.700 estudiantes que en 2023 cursaban en escuelas de gestión privada pidieron el pase en 2024 a algún colegio público. En 2023 eran unos 315 mil los alumnos que estudiaban en colegios de gestión privada en Córdoba: los casi 16 mil mencionados por la cartera educativa representan alrededor del 5% de esa matrícula privada.
“Se observa además en el programa alimentario escolar Paicor un aumento de demanda para el servicio este año”, dijo el ministro cordobés Horacio Ferreyra. Incremento de la demanda para comer.
Debido a la discreción y el “timing” con que se manejó la autorización para aumentar las cuotas en Catamarca, el Gobierno catamarqueño parece haber evitado el impacto de un éxodo que le hubiera significado serias complicaciones, al menos en el inicio del ciclo.
Habrá que ver cómo evoluciona el asunto, las familias recién se desayunan con la novedad y deben estar haciendo cuentas.
Comienza a latir otro potencial foco de conflicto.