Hoy se inicia debate en la Cámara de sentencia en lo criminal de primera nominación
Elpidio Guaraz, al banquillo: "Ella quiere que se haga justicia"
Deberá responder por delitos contra la integridad sexual y también contra la administración pública.
Pasaron más de tres años para que Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, ocupe el banquillo de los acusados. En junio de 2021, una joven lo denunció en la Fiscalía General. Para poder radicar esta denuncia, la víctima debió huir de su localidad, en Santa Rosa, para poder llegar a la Capital. Hoy se presentará como querellante.
El exjefe comunal deberá responder por los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”, “abuso sexual con acceso carnal” y por tres hechos de “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado”.
El Tribunal estará integrado por los jueces Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Lozano Gilyam. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Alejandro Dalla Lasta Baroni, quien estará acompañado por el abogado de la querella, Luis Muñoz y Pérez. En tanto que la defensa será ejercida por el abogado del foro local Luciano Rojas.
“Es muy difícil para la víctima transitar este proceso. Pidió estar presente y quiere ver que se haga justicia. Va a acompañar en cada audiencia”, comentó el querellante.
El hecho denunciado data de un hecho de violencia ocurrido en noviembre de 2019. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el intendente se presentó con su camioneta en horas de la madrugada en la casa de la chica. Le insistió para que ingresara al vehículo “para conversar”. Una vez dentro del rodado, Guaraz arrancó la marcha y se llevó a la joven, contra su voluntad, a su casa. Al llegar, la hizo bajar del vehículo por la fuerza y la ingresó a su domicilio. Una vez ambos dentro cerró la puerta con llave y comenzó a insultarla. Luego la agredió sexualmente. La joven permaneció encerrada en esa casa durante algunas horas.
“Ya pasó un tiempo de la primera denuncia. La joven salió fugada de su localidad en el baúl de un auto. Es un hecho desgarrador. El estado de ánimo de ella es difícil. Lo lleva como una cruz. Está con tratamiento psicológico al día de hoy. Tiene problemas para dormir y ataques de pánico.
Ella quiere seguir hasta las últimas consecuencias y que se haga justicia”, expresó el abogado.
"Ella fue mi pareja por un tiempo largo pero por ahí en las parejas hay separaciones, distanciamientos. Aparentemente a ella le cayó muy mal esto. Todos en Bañado de Ovanta conocen cómo fue el trato mío con ella, fue excelente, la cuidaba, la respetaba, tenía todo a su servicio. Con la denuncia de ella, su madre, sus hermanas y su abuela salieron en defensa mía", había declarado públicamente Guaraz a finales de 2022. La “expareja” era una adolescente. Ella tenía 16 años y él promediaba los 50.
Por cuerda aparte
El expediente por el hecho de violencia sexual recaló en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación a finales del año pasado. Oportunamente, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública dio por finalizada la investigación por los hechos de administración fraudulenta y envió la causa a juicio. De esa manera, el Tribunal unificó las causas.
Uno de estos hechos correspondería a una compra por una suma aproximada de $11.000, supuestamente en diciembre de 2010. A efectos de obtener un rédito económico se habría presentado documentación adulterada para justificar este gasto.
En otro hecho, con fecha de agosto de 2010, para obtener un provecho económico, el acusado habría realizado una maniobra defraudatoria en contra del erario público municipal. A tal fin se habría presentado ante el Municipio de Santa Rosa el comprobante de un supuesto pago por una suma aproximada de $19.000 que contenía datos adulterados.
El tercer hecho también data de diciembre de 2010. El acusado, el entonces intendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, habría utilizado una maniobra para hacer incurrir en error a la Administración Pública Municipal y, de este modo, ocasionar un perjuicio concreto al Estado Municipal en la suma aproximada de $31.000.n