La Justicia Federal confirmó que al menos 250 personas asentadas en el padrón como electores de la municipalidad de Santa Rosa no residen en realidad allí. Se trata de una trampa clásica cuya omisión hubiera sido extraña en los dominios del intendente Ramón Elpidio Guaraz, reo de abuso sexual que hace dos años elude la acción judicial gracias diversos subterfugios leguleyos.
Un indicio del tipo de fama que engalana al personaje, y del concepto que se tiene sobre la calidad institucional en numerosos distritos del interior, es que el Juzgado Federal haya decidido hacer el relevamiento con personal propio en lugar de delegarlo en el Juzgado de Paz. Tal vez sea solo un prejuicio, pero los federales recelaban de la buena voluntad para hacer los trámites de funcionarios tal vez capturados por Guaraz, a quien los denunciantes sindican como responsable del entuerto. Razonable prevención: la opinión de los caciques territoriales es determinante en la designación de los operadores de sus distritos.
Que la Justicia Federal se haya decidido a intervenir es para celebrar, más allá de la controversial figura de Guaraz.
La manipulación de padrones es una de las más típicas operatorias empleadas para asegurar resultados electorales y hay pocos registros de denuncias que hayan llegado hasta el punto en que se encuentra ésta, radicada por el concejal Mario Páez, que señaló unos 600 electores santarroseños en situación irregular.
“Estas personas están divididas en dos grupos. Por un lado, hay una cantidad de personas que nunca vivieron en Santa Rosa y, por otro, existen ciudadanos que no residen en Santa Rosa pero que se logró determinar que viven en Tucumán y Santiago del Estero y que votaron en esos lugares en las elecciones anteriores”, explicó el abogado Antonio Acuña. Ventajas de señores feudales fronterizos.
Según Acuña, Guaraz es reincidente. “Esto lo viene realizando el intendente en las elecciones anteriores. Antes se hicieron reclamos públicos pero ahora efectuamos una presentación porque tenemos identificadas a las personas”, dijo.
El abogado resaltó la facilidad que existe en la zona de Santa Rosa para que se cometan este tipo de jugadas electorales. “Las localidades de Lavalle y San Pedro están divididas y hay una parte que corresponde a Catamarca y otra a Santiago del Estero, por lo que el tránsito de personas es constante”, consignó.
La instancia judicial que viene es clave.
“Esperemos que la Justicia corrobore que estas personas no residen en Santa Rosa y que indague por qué hicieron el cambio de domicilio”, se esperanzó Acuña al presentar la denuncia. Anticipó que, si la Justicia consigue determinar que los electores truchos fueron beneficiarios de alguna dádiva por parte de las autoridades locales, se avanzará en otra investigación para establecer la existencia de un delito.
“Nosotros no vamos en contra de la gente que tiene una necesidad, sino contra los responsables de la maniobra. La Constitución garantiza el libre tránsito de las personas pero no con fines fraudulentos para ganar elecciones”, aclaró.
Guaraz, de tal modo, corre el riesgo de quedar envuelto en otro de sus escándalos en pleno proceso electoral, por transgresiones electorales. Se descuenta que el 24 de junio se postulará para la reelección.
La Justicia Federal tiene la oportunidad de marcar un precedente importante en materia electoral. La causa federal, de abrirse, se superpondría a la que tiene pendiente por abuso sexual, que ya lleva dos años.
El oficialismo lo viene amparando a pesar de que, en el marco de la causa por abuso, admitió que había iniciado la relación sentimental con su denunciante cuando esta era menor. ¿Alguien lo impugnará como candidato por esto o se mantendrá el blindaje político en torno a su figura?