Ambos excamaristas están imputados por presunto “cohecho pasivo agravado” y están más cerca del juicio.
En noviembre del año pasado, el expediente de la causa conocida como “la videodenuncia” ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación. Los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá deberán responder por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado”. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el trámite judicial se encuentra en la instancia de ofrecimiento de prueba.
Según se detalló, en el marco de los actos preliminares ya se realizó el control de acusación, se constituyó el Tribunal y se notificó a las partes sobre el juicio en trámite. Pasada esta etapa, estarían dadas las condiciones para poner fecha al debate oral y público.
Dada la particularidad de los imputados, varios magistrados se inhibieron. Hay motivos para ellos. Según se indicó, algunos jueces se inhibieron porque habían participado en alguna instancia del proceso, sea en Control de Garantías como en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. En la Ley Provincial 5730 de Modificación del Régimen de Subrogación de Magistrados y demás Funcionarios Judiciales se establece que “en caso de excusación, recusación o vacancia de algún integrante de las Cámaras Penal de Juicio será reemplazado en el orden siguiente: por los jueces de las otras Cámaras Penales de Juicio y Apelación, que no hubieren intervenido en la causa; por los jueces del Fuero Penal Juvenil; por los jueces Correccionales o por los jueces de Control de Garantías”.
También se indicó que la mayoría de los magistrados se habría inhibido argumentado el artículo 56 inciso octavo del Código Procesal Penal de Catamarca. “El juez deberá inhibirse de conocer en la causa si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
El Tribunal de este caso está integrado por el juez natural de esta Cámara Marcelo Soria, Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal, y Lucas Vaccaroni, juez de Control de Garantías. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín.
La causa pasó por distintas instancias y los acusados, en el ejercicio de su defensa, pudieron optar por declarar o abstenerse. Por planteos realizados por la defensa de Morales, el expediente pasó por distintos Tribunales e incluso se llegó en queja a la Corte de Justicia de Catamarca pero la Sala Penal rechazó el planteo y confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Para el Tribunal de Alzada, la causa debía ir a juicio. Por ello, el expediente se remitió a la Cámara citada.
Recientemente, Da Prá asumió una nueva defensa. Este acusado se había representado a sí mismo y también contó con la representación de un abogado particular. Ahora es asistido por la abogada Mariana Barbitta. “Pude advertir una gran cantidad de déficits procesales. Jamás se tomaron en cuenta las palabras del Dr. Da Prá. Hace unos días solicité que se fijara fecha para que mi asistido pudiera ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, nos fue rechazado de manera infundada”, informó la nueva defensa de Da Prá.
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Ancasti, una vez cerrada la investigación, la causa es elevada a juicio. Tras una serie de recursos, finalmente el expediente ingresó a la Cámara de Sentencia, donde continuó trámite. Como la investigación está cerrada y se está ofreciendo prueba, el acusado tendría oportunidad de declarar una vez abierto el debate. Mientras tanto, los planteos que se realicen solo dilatarían el proceso.
Expediente
La causa se inició a mediados de 2020 tras la difusión de un video en el que se observa a los ex jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos Morales y Da Prá presuntamente cobrando una "coima".
Ambos excamaristas fueron imputados por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado”.
Morales y Da Prá, tras una larga carrera judicial, se desempeñaron como magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Además, Morales se desempeñó –licencia mediante- como secretario de Seguridad, entre diciembre de 2011 y marzo de 2015.