Puja. La disputa entre gremios y autoconvocados se despliega en un contexto de profunda crisis.
La clásica competencia entre los gremios estatales y las agrupaciones de autoconvocados se despliegan en las paritarias de este año en un contexto de fuerte caída de los ingresos públicos, que restringe el margen del Gobierno para encontrar un punto de equilibrio en la pelea.
Los sindicatos, únicos interlocutores reconocidos para las tratativas, tienen que maniobrar acechados por agrupaciones carentes de personería, cuya táctica de acumulación consiste en elevar los montos de las demandas salariales. La dinámica distorsiona la lógica de las negociaciones, porque la legitimidad de los reclamos se contamina con elementos vinculados a una disputa política de representación irresuelta.
Lubricado por el deterioro de la imagen del sindicalismo, el fenómeno no es nuevo, pero en esta oportunidad se manifiesta bajo condiciones particulares, debido a un desplome de la recaudación que lleva ya siete meses ininterrumpidos e impacta en las finanzas provinciales.
En febrero, la contracción de los ingresos tributarios del Estado nacional fue del 9,7% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.
Las reducciones impositivas aplicadas a distintos impuestos, como las bajas en los derechos de exportación —especialmente en productos agropecuarios como soja, trigo y maíz—, la disminución del IVA aduanero y la reducción de derechos de importación explican en parte el descenso. Sin embargo, cobra cada vez mayor gravitación la caída de actividad económica, que impacta directamente en el consumo interno. En ese sentido, el IVA neto de devoluciones y reintegros registró en febrero una caída real interanual del 13,6%: cuatro puntos más que el promedio.
La merma tiene efectos directos sobre las provincias, dado que una parte significativa de sus recursos proviene de la coparticipación federal y de las transferencias automáticas del Estado nacional.
En el caso de Catamarca, durante el primer bimestre de 2026 la caída real de los recursos provenientes de la Nación implicó una pérdida estimada en 24.200 millones de pesos, lo que representa una contracción del 8% en términos reales.
Si se considera únicamente el mes de febrero, la merma fue de 11.450 millones de pesos, equivalente a una baja real del 7,9%.
El contexto económico general también muestra señales de retracción en sectores clave.
De acuerdo con un informe de la consultora Orlando J. Ferreres, el nivel general de actividad económica cayó un 1% en enero. Entre los sectores más afectados se destaca el comercio mayorista y minorista, que registró una caída del 5,0% interanual. Es el de peor desempeño relativo en el primer mes del año.
A su vez, la industria manufacturera mostró un retroceso del 4,4% interanual. También se observaron resultados negativos en rubros, como los servicios sociales y de salud, con una baja del 1,4%, y las actividades inmobiliarias y empresariales, con un descenso del 0,7%.
la actividad industrial retrocedió 5,5% interanual, entre 2023 y 2025 Argentina cayeron 21.339 empresas empleadoras privadas
La combinación de menor actividad económica, caída del consumo y reducción de la recaudación tributaria genera un escenario complejo para las administraciones provinciales, que deben afrontar una mayor rigidez presupuestaria y revisar sus estrategias fiscales.
En este marco, el principal desafío para las provincias consiste en atravesar la fase recesiva sin comprometer la estabilidad financiera futura, preservando el funcionamiento del Estado y la continuidad de las políticas públicas.
La complejidad de la situación se traslada a las administraciones municipales, que enfrentan restricciones similares y se ven obligadas a priorizar el sostenimiento de los servicios esenciales, como el pago de salarios y el mantenimiento de prestaciones básicas.
