Siete días después de que el presidente Javier Milei lo designó como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja, que ascendió a un cargo público preferencial, salteando rangos intermedios, y con una suba salarial de varios millones de pesos, según surge de disposiciones oficiales y fuentes del organismo.
Un artículo de La Nación reveló que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los 3,8 y 4,2 millones de pesos, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los 7 y 8 millones de pesos, según sea su antigüedad y otras particularidades.
La Disposición 182/2024 se firmó el 1 de noviembre y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.
Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo-, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.
Con su única firma, Vázquez ubicó a Fanelli a cargo de fiscalizar empresas medianas y grandes con domicilio tributario en el centro porteño y que por su facturación están a un paso de entrar en la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales.
El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia tras una investigación que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos 2 millones de dólares, nunca registrados en las declaraciones que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).
