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Editorial

El relevamiento interminable

Los conflictos de tierras en el que están involucrados pueblos originarios proliferan en todo...

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7 de mayo de 2022 - 02:10

Los conflictos de tierras en el que están involucrados pueblos originarios proliferan en todo el territorio nacional y, en algunos casos escalan hasta situaciones de violencia intolerables, como lo sucedido en algunas provincias patagónicas. La inmensa mayoría de esas controversias podrían zanjarse si se terminara de cumplir con una ley nacional sancionada hace ya 16 años. Se trata de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan desde tiempos inmemoriales las comunidades indígenas del país. La ley ordenó, además, la suspensión de desalojos de esas tierras y la ejecución de un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas.

El problema es que ese relevamiento debía haber terminado en 2010 y al día de hoy solo fue realizado hasta la mitad. De modo que, periódicamente, el plazo se va prorrogando, también por ley. La última vez fue hacia fines del año pasado. Hasta que esa tarea de registro finalice, los conflictos se multiplican y hay intereses que colisionan. Hay millones de hectáreas en la Argentina cuya acreditación de la propiedad está, como se dice coloquialmente, "floja de papeles". En esos casos, si son habitadas por comunidades aborígenes desde tiempos inmemoriales, el derecho posesorio, validado de generación en generación, tiene importancia determinante.

Los derechos de los pueblos originarios sobre la tierra que habitan tienen un aval legal mucho más amplio que la Ley 26.160. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994 reconoce a los pueblos originarios numerosos derechos, que menciona explícitamente, entre ellos "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan".

Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Argentina, garantiza también los derechos indígenas, incluidos los de la propiedad de la tierra que habitan ancestralmente.

Pese a estos antecedentes y como consecuencia de la poca información de calidad disponible por el atraso en el relevamiento, la Justicia no guarda congruencia en sus fallos. A veces, niega las peticiones de los pueblos originarios y a veces, las atiende. Esto último es lo que sucedió en Jujuy, provincia en la que un fallo de primera instancia se pronunció a favor de miembros de una comunidad indígena denunciados por usurpación. Las personas acusadas fueron absueltas y se reconoció la preexistencia del pueblo okloya sobre el territorio en disputa.

Finalizar con el registro sobre el dominio de las tierras que ocupan estas comunidades, para lo cual se necesita voluntad política orientada a remover restricciones burocráticas y avanzar en el proceso, permitiría solucionar la mayoría de los conflictos existentes, garantizándoles los derechos contemplados en el precepto constitucional respecto de la posesión y propiedad de la tierra que ocupan desde hace siglos.

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