La iniciativa crea un agravante de hasta seis años de prisión
El proyecto de falsas denuncias atenta contra víctimas y no las protege
Lo advirtió María Carrizo, referente en Catamarca de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
Víctimas calladas. Los abusos siguen en la oscuridad de la casa.
El proyecto de ley relacionado con las “falsas denuncias” que se tramita en el Congreso de la Nación, en lugar de priorizar la credibilidad de la palabra de quien denuncia, instala una sospecha generalizada sobre la víctima. Así lo consideró María Carrizo, referente en Catamarca de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y exsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia. "Si las víctimas dejan de denunciar por miedo a ser penalizadas, estamos condenando a que los abusos sigan ocurriendo en la oscuridad de la casa", advirtió, en una nota publicada recientemente en La Tinta.
A la vez, remarcó que el proyecto de falsas denuncias atenta contra las víctimas porque invierte la lógica de la protección. En lugar de priorizar la credibilidad de la palabra de quien denuncia, el proyecto instala una sospecha generalizada sobre la víctima.
“Jurídicamente, esto es gravísimo. Ya existe una figura penal para la falsa denuncia desde el siglo pasado; es un delito doloso. Lo que hace este proyecto es crear un tipo penal especial para delitos de género. En la práctica, funciona como una extorsión procesal: la víctima se enfrentará al dilema de denunciar arriesgándose a ir presa si no reúne pruebas, o callarse”, precisó.
El proyecto elimina además la pena de multa como alternativa a la prisión, dejando únicamente la cárcel como respuesta. Esto contradice el principio de proporcionalidad y expande el poder punitivo sobre el sector más vulnerable del proceso: mujeres de sectores populares con escaso acceso a defensa técnica.
“No queremos más leyes que nos criminalicen. Necesitamos justicia real, rápida y con perspectiva de género. Lo que necesitamos son políticas de prevención con presupuesto, un Poder Judicial con perspectiva de género y herramientas para eliminar las barreras procesales, no crear una nueva espada de Dámocles sobre las víctimas”, sostuvo.
“Nuestra provincia tiene mujeres de la ciudad, de la ruralidad y de pueblos originarios. El acceso a la justicia no es el mismo para una mujer del Valle Central que para una mujer indígena de montaña o una campesina en el interior profundo. Las barreras de acceso se multiplican en provincias más pequeñas, donde el Poder Judicial está más concentrado y los discursos antiderechos tienen fuerte arraigo”, explicó.
Para Carrizo, el proyecto es además funcional a un plan de ajuste y desmantelamiento del Estado. Al mismo tiempo que se intenta criminalizar a la víctima, se vacían los presupuestos de las áreas de género y se desfinancian los programas de asistencia y prevención. “Este proyecto no va a detener a los violentos: va a garantizar su impunidad”, sostuvo.
Falso problema
Las especialistas del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará advierten que el mensaje final del proyecto es que las víctimas se queden calladas. La Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina efectuó un análisis de este proyecto. Es decir, se trabajó con datos concretos, números duros que describen la problemática.
Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En Argentina, el Registro Nacional de Reincidencia de 2023 registró 23.419 sentencias condenatorias; de ese total, apenas 60 correspondieron a falsa denuncia, el 0,25%. Las causas por denuncia falsa están principalmente vinculadas a delitos económicos —estafas, contrabando, defraudaciones—, no a violencia de género.
El verdadero problema apunta en sentido contrario: hoy apenas 1 de cada 4 mujeres víctimas de violencia se anima a denunciar. En casos de abuso sexual, esa cifra cae al 10%. El aumento de denuncias no es señal de fraude, sino el fin del subregistro histórico de la violencia.
El año pasado, el Comité CEDAW expresó su preocupación por este tipo de reformas y recomendó al Estado argentino no avanzar con modificaciones que desalienten las denuncias o menoscaben la credibilidad de las víctimas. La reforma también contradice la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que en su artículo 3° garantiza el acceso a la justicia y en el 16° prohíbe la revictimización en el proceso judicial.
Este proyecto no surge en el vacío. Si la falsa denuncia es por robo, estafa, corrupción o cualquier otro delito, la pena es menor. Al agravarse en contexto de violencia de género o de abuso, se advierte un ensañamiento contras las denunciantes, en su gran mayoría mujeres. Esta desigualdad en las penas, que vuelve sobre una vieja tradición de las «mujeres mentirosas» y «manipuladoras», se construye sobre clásicos arquetipos de género. Esto repercute en las personas que están atravesando una situación de acoso, abuso o violencia que de por sí les cuesta dar un paso para denunciar por lo difícil que es afrontarlo y por todas las barreras que ya existen. Ahora se suma el verdadero fantasma de enfrentar una vez más la duda, la sospecha, los prejuicios, la persecución y el miedo por lo que pueda pasarles.
Críticas de fondo
El mito del problema sistémico
No existe ningún dato empírico que acredite que las falsas denuncias en violencia de género son un fenómeno de magnitud. Menos del 1% de los casos a nivel mundial, según ONU Mujeres.
Efecto disuasorio sobre las víctimas reales
Una mujer que duda si denunciar tendrá ahora un motivo adicional para no hacerlo: el temor a no ser creída y terminar ella misma imputada con pena de prisión efectiva.
Denuncia no probada no es igual a denuncia falsa
El proyecto no distingue entre una denuncia falsa —con dolo— y una denuncia archivada por insuficiencia probatoria. La absolución del acusado puede usarse para imputar a la víctima.
Selectividad de los sujetos alcanzados
Las personas más expuestas son mujeres que denuncian violencia, madres protectoras en conflictos de abuso infantil y personas con menor acceso a defensa técnica.
Ignorancia del ciclo de la violencia
Las denuncias pueden ser inconsistentes no porque sean falsas, sino por el ciclo de la violencia, el miedo y la dependencia económica del agresor.
Expansión del poder punitivo desigual
Las personas imputadas por falsa denuncia son, abrumadoramente, mujeres de sectores populares. El proyecto agrava la desigualdad ya existente en el sistema penal.
Eliminación de la pena de multa
El proyecto retira la multa como alternativa a la prisión, dejando solo la cárcel. Viola el principio de proporcionalidad al tratar todas las situaciones como idénticas.
El problema del dolo
La falsa denuncia requiere dolo directo. En la práctica, una mujer que denunció genuinamente violencia cuya denuncia no prosperó puede ser procesada bajo este tipo penal.
