El asalto en Parque América sucedió el 4 de septiembre del 2024. El violento atraco sucedió en la casa de los hermanos Gustavo y Matías Rolón Reynoso (con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa de RT Inversiones). Los asaltantes fueron Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva. Según la investigación, a cargo del fiscal de Instrucción de Quinta Nominación Hugo Costilla, los acusados habrían robado unos U$D 1.500 y varios celulares iPhone Apple pero sólo se recuperaron U$D 400. El fiscal los imputó por el presunto delito de "robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda".
No obstante, los acusados ofrecieron una reparación integral por $2.000.000. El fiscal Costilla solicitó al juez de Control de Garantías de turno que homologue el acuerdo conciliatorio suscripto entre las partes intervinientes y declare la "extinción de la acción penal", de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. El fiscal pidió además que se disponga el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro acusados, aduciendo que habían realizado varios pagos como reparación integral del daño, siempre con la conformidad de las víctimas.
El 9 de diciembre el entonces juez de Control de Garantías de Primera Nominación Héctor Maidana firmó la homologación del acuerdo entre víctimas y victimarios del asalto. De esta manera, fueron absueltos los cuatro hombres detenidos con prisión preventiva sospechados de asaltar a uno de los procesados de la causa RT Inversiones SRL por millonarias estafas tras la firma del acuerdo.
Tras el escándalo de esta resolución, la fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Paola González Pinto realizó el pedido de apertura de expediente por las publicaciones de diario El Ancasti. En su pedido de nulidad resalta que el acuerdo es "incompatible con el orden público". La Sala Penal de la Corte de Justicia hizo lugar al planteo pero la Sala Doble Conforme dejó sin efecto el fallo de la Sala Penal que había anulado las absoluciones pagas y ordenaron que la acción autónoma de nulidad planteada por la fiscal González Pinto sea abordada por un juez de Garantías.
