Una tarde del año 1445, cuando Don Álvaro de Luna, Conde de Castilla, salió de cacería con amigos, se toparon con un hambriento hombre que tenía dos cicatrices que desfiguraban por completo su rostro. Impresionado, el Conde le preguntó por el origen de esas heridas y el mendigo le contó que durante años había criado a un cuervo que había recogido desde pequeñito. "Lo traté con mucho cariño. Poco a poco fue haciéndose grande. Un día que le daba de comer saltó a mis ojos y por muy pronto que me quise defender fue inútil". Inspirado por la anécdota, Don Álvaro dijo: "Veis, criad cuervos para que luego os saquen los ojos".
La historia del cuervo se me evidenció en la mente (no sin algo de satisfacción y mucho de tristeza) cuando leí declaraciones del Gobernador Jalil, quien frente a las protestas y reclamos del Poder Judicial dijo que los miembros de la Corte "no tuvieron ningún criterio de prudencia" y deslizó que la diferencia salarial que se incrementaron deberán resolverla "con el plazo fijo que tienen", declarando además que un miembro de la Corte no puede ganar casi tres veces más que un Gobernador”.
A esta altura el lector informado, el ciudadano afligido, el asalariado acuciado por sus necesidades, los abogados afectados y los justiciables olvidados y maltratados deben entender la razón de la analogía con la historia del inicio.
Según la primera gran ley del Karma, todo lo que sembremos, luego lo cosecharemos. Es la ley de la causalidad universal y significa que todo lo que nosotros pongamos en el universo, nos vendrá devuelto en algún momento. Si Jalil no lo sabía, ahora lo aprendió.
Jalil no es un improvisado para no saber que en la organización republicana el Poder Judicial en todas sus áreas debe, en primer lugar, tener autonomía para llevar adelante procesos virtuosos que busquen brindar un buen servicio de justicia para resolver los conflictos interpersonales y que la República tiene su piedra basal en el respeto irrestricto de la Constitución Nacional y las leyes.
Pero muy poco le importaron esas reglas ya que desde la asunción del actual gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, la ciudadanía en general y los operadores jurídicos desde la litigación hemos presenciado con indignación primero, sorpresa, desconcierto y hasta vergüenza luego, una clara política encarada por este hombre destinada a desguazar, desbaratar y destruir el Poder Judicial.
Bien vale decirlo que en esta misión ha contado con la participación oportuna y cómplice de funcionarios políticos, legisladores y operadores del servicio de justicia (léase jueces, colegios profesionales, académicos y abogados serviles) que irresponsablemente han contribuido a un nivel de descrédito y desdoro que mancilla y avergüenza al régimen republicano.
Recordemos que a menos de seis meses de asumido en su primera gestión Jalil, con la connivencia de innobles legisladores (de todos los sectores), aprobó una norma que eliminó al Consejo de la Magistratura local y elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial.
Hipócritamente se argumentaba que la ley derogada representaba una violación “ostensible” de artículos de la Constitución provincial “por cuanto ninguno de los poderes del Estado puede arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas”, pero la verdadera y astuta intención solo perseguía meter manos en la selección de los magistrados para decidir a su antojo las designaciones y, de ese modo, designar magistrados funcionales, amigos fieles, pagar facturas políticas y acomodar devotos en cargos bien remunerados.
Así fue que gran parte de las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales desde 2019 a la fecha (salvo escasas y honrosas excepciones) lejos están de ser personas íntegras e idóneas o de tener la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para sus cargos, ya que la apariencia de selección gestada para la designación de jueces que emergió de la accidentada y desesperada creación de la Comisión Evaluadora (por la reacción alarmada del mundo político y académico ante la derogación del Consejo de la Magistratura) ha dejado más dudas y sospechas que certezas.
Capítulo aparte merece la cobertura de los cargos de las máximas autoridades del Poder Judicial en la Corte de Justicia, que desde la gestión Jalil ha elegido cuatro de los 7 y los mismos han recaído en personas que no sólo no pueden exhibir autoridad profesional, consideración y prestigio académico o reputación en la carrera judicial sino que -peor aún- son “abogados y abogadas” cuyo único mérito es la vinculación con algún influyente.
Ni que decir del aporte significativo que hizo Jalil y sus operadores directos (léase Vicegobernador y Cia) a la consolidación de un Colegio Profesional de Abogados que hace rato ya había abandonado la lucha por la calidad profesional, el respeto al ejercicio de la litigación y la defensa de los intereses de los abogados, convirtiéndose en un apéndice u organismo del Estado provincial plagado de abogados obedientes y disciplinados al compás del cronograma de pagos de sueldos.
En este contexto el actual gobernador se encontró que sus acólitos en la Corte de Justicia, los magistrados y funcionarios designados, aquellos con los cuales creía que contaba con gratitud y fidelidad, no bien se encaramaron en sus cargos, convencidos de que el hábito hace al monje, se declararon independientes, autónomos e inamovibles, enfrentándolo y desafiando su posición.
Nada bueno pudo salir a la postre cuando se ha arremetido contra uno de los más sensibles poderes del Estado, que es el último baluarte donde el ciudadano puede encontrar cobijo a sus derechos y libertades.
No me produce satisfacción que Jalil lo esté padeciendo, porque la contracara es un Poder Judicial sindicalizado, paralizado, movilizado y enfrentado, congregado por una cuestión presupuestaria y económica que no sólo genera un profundo daño al servicio de justicia -que viene ya dejando mucho que desear-, sino que nos produce desazón y vergüenza ver que “por la plata baila el mono”, frase sarcástica si las hay, que deja a las claras el poder del dinero por sobre la integridad de una persona.
Volviendo a la idea del karma y a la sensación de que la vida te está pagando con una moneda que antes había estado en tu mano, el concepto se introduce en la idea de la justicia en el funcionamiento del cosmos y de nuestras vidas como seres sociales.
Es un tipo de justicia que se materializa sin que tengamos que mover un dedo para que aparezca y se haga cumplir. Parece como si la vida misma se encargara de darnos una lección con la misma moneda que hemos usado con los demás y claramente los costos serán políticos y sociales, aunque lamentablemente los pagamos –como siempre- los ciudadanos de bien.
