El tribunal del jury esperaría que se resuelva ese proceso para avanzar con los pedidos de destitución.
Ya pasó una semana desde que se reactivó la actividad judicial y poco se sabe de la situación del pedido de jury contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, y el juez de Control de Garantías nº1, Héctor Maidana, por convalidar el polémico acuerdo en la causa del asalto en el barrio Parque América.
En este sentido y según pudo saber este medio, la decisión de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento sería esperar a que se resuelva el planteo de nulidad del acuerdo avalado por el fiscal y el juez que está siendo analizado por la sala penal de la Corte de Justicia de la provincia que integran los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño.
Ese planteo fue realizado por la fiscal de Instrucción nº7, Paola González Pinto, quien pidió la nulidad del acuerdo de reparación integral que Costilla y Maidana avalaron entre las víctimas y los imputados por el asalto de Parque América, ocurrido el pasado 4 de septiembre, por “cosa juzgada írrita”.
La presentación de la fiscal dio a conocer nuevos elementos del escándalo del absoluciones pagas que incluso fueron tomadas por el autor del pedido de jury, el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), para ampliar la presentación contra el funcionario judicial y el magistrado, por lo que ambos procesos judiciales están estrechamente vinculados. En ese marco, el Tribunal de Enjuiciamiento consideraría que es fundamental conocer cómo se resuelve el planteo de nulidad para luego avanzar o no con el pedido de destitución de sus firmantes.
De acuerdo con lo que averiguó este medio, ya está todo listo para que la sala penal de la Corte defina el pedido de nulidad. Todas las partes que debían opinar ya lo hicieron y solo falta que los tres miembros tomen la definición. No trascendió cuánto tiempo se podrían tomar para dar el veredicto.
Como se informó, tras un estudio de los términos, circunstancias económicas y grados de participación de los cuatro imputados y las tres víctimas, la fiscal concluyó que el acuerdo es inválido porque perjudica el derecho de terceros que son víctimas de la causa por las criptoestafas en RT Inversiones, que se desarrolla en la Justicia Federal; es incompatible con el orden público y resulta violatorio del derecho de igualdad establecido en la Constitución Nacional.
Debido a las publicaciones de El Ancasti sobre el caso, el fiscal general Alejandro Gober designó a González Pinto el 7 de enero de este año al frente de la investigación para determinar la viabilidad del convenio resarcitorio logrado entre Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, todos imputados por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”, y los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso, y Carlos Gonzalo Varela Villegas, todos estos víctimas del violento asalto en la casa de los Rolón Reynoso en Parque América, que culminó con el sobreseimiento definitivo de los imputados gracias al aval del fiscal Hugo Costilla y el juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana.
La fiscal concluyó que el acuerdo firmado por el asalto de Parque América “debe ser anulado”. En tal sentido, insistió en que este convenio avalado por Costilla y Maidana “resulta lesivo a los intereses sociales, por consagrar una desigualdad basada en cuestiones económicas, ya que solo podrán acceder a un acuerdo que permita conseguir el sobreseimiento quienes estén en condiciones de afrontar una reparación integral y abonar íntegramente todos los conceptos”.
Además del pedido de jury presentado por el diputado Hugo Ávila contra Costilla y Maidana por avalar el acuerdo entre los protagonistas del asalto en Parque América, la semana pasada ingresó un nuevo planteo, esta vez únicamente contra el fiscal.
La presentación fue realizada por el empresario y ex funcionario municipal Cristian Guillou y está vinculado a la participación de Costilla en las causas que tenían como contrapartes a Guillou y al ex titular de Adhemar Capital, hoy juzgado en Córdoba, Edgar Adhemar Bacchiani, por el complejo nocturno "Wika".
En la presentación de Ávila, el legislador opositor acusa al fiscal y al juez de "mal desempeño en sus funciones e ignorancia inexcusable del derecho".
Además, afirmó que con su accionar el juez y el fiscal habrían incurrido en el delito de prevaricato.
“Este fallo contradice principios esenciales del derecho penal y procesal, comprometiendo gravemente la seguridad pública y la confianza en el Poder Judicial”, dijo Ávila en su planteo.
Por su parte, Guillou acusó al fiscal de “mal desempeño de sus funciones”. En su presentación, el empresario relató una serie de sucesos que, a su criterio, dan cuenta de que Costilla “habría sido parte de la trama de complicidad que generó que quedaran impunes graves hechos de estafas que afectaron a toda la sociedad catamarqueña”. En este sentido, el empresario advierte sobre “dos graves motivos” que lo llevan a denunciar al fiscal en relación con los ilícitos relacionados con Edgar Adhemar Bacchiani.