La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló la división tramposa del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos para arrebatar un casillero adicional en el Consejo de la Magistratura, se suma a la extensa e intensa saga de la degradación institucional.
La maniobra fue instigada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la complicidad de los tribunos, que la ejecutaron el 18 de abril. La bancada del Frente de Todos se separó en los bloques Frente Nacional y Popular, con 21 miembros y Unidad Ciudadana, con 14. De este modo, se constituyó en primera y segunda minoría del cuerpo y desplazó al PRO.
Así, designó como consejeros a los senadores Claudio Doñate como titular y Guillermo Snopek como suplente, en lugar de a Luis Juez y Humberto Schiavoni, a quienes el PRO había postulado sin obtener respuesta de Cristina para cumplir con una sentencia de la Corte de diciembre de 2021 que ordenaba integrar el Consejo de la Magistratura con el régimen legal que incluía a la segunda minoría.
Ahora debería asumir Juez en lugar de Doñate, pero el oficialismo anticipó que no acatará el fallo.
La jugada de Cristina, como de costumbre, fue celebrada por sus acólitos como otra prueba de su genio estratégico, si bien implicaba legitimar la toma de la Presidencia del Consejo de la Magistratura parte del ministro de la Corte Horacio Rosatti, que hasta ese momento caracterizaba como un “golpe de Estado” inadmisible.
De todos modos, el talento de la Vicepresidenta es inobjetable aplicado a las imposturas que lleva adelante para disimular deficiencias. Antes de la falsa fractura, había inventado la máscara de Alberto.
Esta virtud es reconocida por la propia Corte en la sentencia, donde caracteriza a la división como ardid, acto de mala fe, trampa, manipulación, artimaña y otros elogios por el estilo.
A eso se prestó el Senado, augusto reducto de los padres de la Patria devenido en ámbito de timba institucional para lucimiento de tramposos. Con la cara de piedra característica de estos personajes, se aprestan ahora de resistir el fallo en nombre de la independencia de poderes.
Los senadores del Frente de Todos rechazaron que el máximo tribunal intervenga en la actividad interna de la Cámara alta y Héctor Recalde planteó la posibilidad de un juicio político.
Meta nomás. Después no saben por qué la confianza en las instituciones anda por el subsuelo y prosperan las prédicas autoritarias.
El 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte notificó al Senado la sentencia que ordenaba la integración del Consejo, la segunda minoría era el PRO. Le correspondían dos puestos a la mayoría, uno a la primera minoría (el radicalismo) y uno a la segunda. El PRO reclamó la suya el 13 de abril de 2022.
La división oficialista se operó cinco días después, el 18.
El 19 el PRO insistió con Juez.
El 20 Cristina firmó el decreto parlamentario 33/22 y a propuesta del nuevo bloque Unidad Ciudadana, designó a Doñate y Snopek.
La Corte expresó que la maniobra quebró las reglas más básicas del debido proceso legislativo dado que la Presidencia del Senado no solo había designado al representante de Unidad Ciudadana sin convocar al Frente Pro para escuchar sus posiciones, sino que lo había hecho de espaldas a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado. “Esta maniobra, para hacerse de los tres lugares en el Consejo, transformaba al proceso de designación de consejeros en un juego de sorpresas”, sostuvo el tribunal.
Y al Senado, podría haber añadido, en el paño de los tahúres. n
