jueves 26 de enero de 2023

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Cara y Cruz

El ombliguismo trasquilado

La maniobra del Gobierno nacional para intentar darle carácter ecuménico a la peripecia judicial...

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La maniobra del Gobierno nacional para intentar darle carácter ecuménico a la peripecia judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo fracasó por no haber obtenido de la ONU la condena al “lawfare” del que dicen que es víctima, sino también porque precipitó la recomendación del organismo para que se asegure en la Argentina “la plena independencia del Poder Judicial y los fiscales”, a la cabeza de otras exigencias como que designe un Defensor del Pueblo, salvaguarde los derechos de los pueblos indígena, mejore las condiciones en las prisiones, procure la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales, prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza, garantice el acceso a una educación de calidad para todos, aborde las disparidades en el sistema de salud, armonice su legislación sobre personas con discapacidad, asista a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, combata la discriminación contra personas LGBTIQ+, continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género y proporcione representación legal gratuita para víctimas y asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales.

El ejecutor del operativo internacional fue el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien consideró apropiado abrir su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con alusiones a la ruinosa herencia que Alberto Fernández y su vice recibieron de la gestión de Mauricio Macri, los nocivos efectos de los “discursos de odio” y las presuntas persecuciones políticas, judiciales y mediáticas que los poderes fácticos orquestan para “proscribir” a los líderes populares, entre las cuales calificó a la condena por corrupción contra CFK como “el caso emblemático”.

“Solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país”, planteó.

La respuesta fue inmediata: en lugar del respaldo, una serie de reconvenciones atenuadas por el reconocimiento a los esfuerzos por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad, la adopción de un plan nacional para combatir la violencia de género, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la ley nacional para garantizar una educación.

Quizás la Argentina se hubiera ahorrado el papelón si en vez de postular como prioritaria y “emblemática” la situación de CFK y buscar apoyo para la arremetida contra la Suprema Corte en el Congreso, Pietragalla se hubiera concentrado en las políticas que, en definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resaltó como virtuosas.

Suponer que un organismo internacional va a enfilarse para satisfacer pretensiones facciosas es incurrir en ombliguismo, sobre todo considerando asuntos mucho más graves como fue el asalto de sectores ligados a Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes en Brasil tras la asunción como presidente de Lula Da Silva, o la crisis peruana, o la guerra de Ucrania.

Esta autopercepción como centro de las inquietudes universales llevó a Pietragalla y sus ideólogos al desatino de sobrevalorar la importancia de las rencillas domésticas en la agenda internacional, con la respuesta que cabía esperar. En la Argentina no hay nadie proscripto y las instituciones funcionan, a tal punto que este jueves se reunirá la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso contra la Corte. Aparte, aún se desconocen los fundamentos del fallo contra Cristina, que no tiene efecto proscriptivo alguno.

¿Por qué habría de complicarse la ONU en tales entuertos? Lo que le estaba pidiendo Pietragalla era que se incorpore a los dispositivos políticos para deslegitimar a la Justicia.

El ombliguismo fue por lana y salió tan trasquilado que hasta le señalaron asuntos que todavía están pendientes en materia de derechos humanos.

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