El oficialismo blindó el decreto acuerdo del Defensor del Pueblo
En una sesión especial, el Frente de Todos consiguió los votos para dejar firme el decreto del Gobierno.
Luego de varios intentos, el oficialismo en la Cámara de Diputados pudo blindar el decreto acuerdo que modificó la Ley del Defensor del Pueblo. Lo hizo en una tensa sesión especial donde consiguió los votos mínimos para lograr imponer su voluntad. Es que, de un cuerpo de 41 diputados, el Frente de Todos pudo ratificar el decreto cosechando 21 votos (hubo 2 ausentes y 18 votos fueron en contra). Ahora, con la sanción tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, el decreto acuerdo quedó firme y tiene fuerza de ley. En este sentido, también quedan firmes aquellos artículos de la ley original que ambas cámaras decidieron mantener rechazando las modificaciones que había introducido el Ejecutivo provincial. Ellas son: se limita el mandato a 10 años (el decreto lo pasaba a 12), el sueldo queda equiparado al de un diputado (el Ejecutivo pretendía que sea el de un miembro de la Corte de Justicia) y se reducen algunas facultades extraordinarias.
Solo queda que el Senado apruebe los pliegos de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. Con la discusión de la modificación de la ley saldada, no se descarta que la Cámara alta provincial trate en la próxima sesión la designación del ex ministro de Educación en el cargo, que ya lo venía ejerciendo en comisión. Precisamente fue Dalmacio Mera uno de los principales temas de debate en la sesión de ayer que comenzó con los diputados del Frente de Todos sentados en sus bancas junto a los diputados Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y Fernando Baigorrí (MID). Cuando la sesión ya estaba garantizada, recién bajó el resto de los diputados de la UCR, LLA y el PRO.
Al momento de debatir el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, explicó que el dictamen surgido de la Comisión de Asuntos Constitucionales aconsejó aprobar el decreto, aunque con derogación parcial de varios artículos. “Uno de los puntos que vuelve a lo establecido por la ley es el artículo 4º, que se refiere a la duración del mandato. El Ejecutivo proponía una duración de 12 años, pero el dictamen deja vigente la norma original: cinco años con posibilidad de reelección, lo que significa que, si quiere renovar, esa persona deberá atravesar el mismo proceso de designación”, detalló.
Aguirre también señaló que se modificó el artículo 7º, vinculado a la remuneración del Defensor del Pueblo: “El decreto planteaba un salario igual al de los miembros del Tribunal de Cuentas, pero el dictamen propone sostener lo que ya establece la ley, es decir, una remuneración igual a la de un diputado provincial”. A la vez, repasó que el dictamen incluyó además la derogación de otros artículos. Entre ellos, el 11º y el 12º, que ampliaban el alcance del Defensor a las personas jurídicas privadas prestadoras de servicios públicos; el 17º, que le permitía al Defensor evitar el control de la Comisión Bicameral Permanente en la aprobación de su estructura orgánica; y el 18º, que modificaba el proceso de aprobación del Reglamento Interno de la Defensoría.
Desde la oposición, el diputado Tiago Puente (UCR) sostuvo que “la Defensoría del Pueblo nació para proteger a los ciudadanos. ¿Cuando los derechos son pisoteados, a quién van a acudir los catamarqueños? ¿A una persona que fue parte del gabinete de Gobierno?”. En ese marco, aseguró que “la modificación -las derogaciones parciales- son para legitimar lo que ya decidió el Ejecutivo. No es una decisión institucional, es un traje a medida”. Apuntando a Mera, el diputado acusó al oficialismo de "armar un circo para acomodar a un amigo del poder". "Están demasiado preocupados para que Dalmacio Mera cobre el aguinaldo porque si no, no se entiende porqué hacen esta jugada", cuestionó el legislador.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, también apuntó al exministro al afirmar que "el tema Mera incomoda al oficialismo" y se preguntó: "¿Qué hay detrás de la movida y de la insistencia de que este nombramiento salga sí o sí?". En ese sentido, afirmó que “si hay algo en lo que seguramente todos los aquí presentes están de acuerdo, es que la persona propuesta para el cargo de Defensor del Pueblo no tiene los más mínimos consensos, ni políticos ni sociales”. El legislador libertario también indicó que su bancada votaría en contra, al considerar que “el decreto modifica el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y eso es lo que se está cuestionando desde la oposición”.
La presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, también se expresó en contra del decreto acuerdo del Ejecutivo y de la jugada del oficialismo de aprobar parcialmente el instrumento del Ejecutivo provincial. “El rechazo parcial no es una defensa de la legalidad. Es un intento de vestir con ropaje constitucional lo que fue, desde el inicio, una maniobra política sin sustento normativo”, dijo la legisladora advirtiendo que el decreto tiene varios vicios de legalidad. En este marco, la diputada opositora cerró su intervención con una fuerte crítica al oficialismo: “No vamos a ser cómplices de una agenda que prioriza las designaciones políticas por sobre la dignidad de la gente”.
En el tramo final del debate, Aguirre volvió a acusar a la oposición al sostener que con su negativa “está avalando tal como viene el decreto del Ejecutivo”. También se refirió a la legalidad del decreto acuerdo y destacó que la propia Constitución provincial señala que “los decretos dictados durante el receso legislativo tendrán validez y solo podrán ser derogados total o parcialmente por la Legislatura” y por lo tanto “no hay cuestionamientos desde el punto de vista legal sobre este acto administrativo”.
