Se viven épocas en las que, al mismo tiempo que hay un crecimiento del respeto de los derechos de las mujeres, se desarrolla también una conciencia respecto de la necesidad de terminar con los estereotipos de género. En ese camino de largo e inconcluso recorrido, los cuestionamientos a los certámenes de “belleza” y elecciones de “reinas” se multiplican, argumentando, con sobrados fundamentos, que ese criterio de selección favorece la cosificación de las mujeres, además de instalar simbólicamente como una aspiración una figura que no tiene ninguna relevancia ni importancia en la cultura política ni en la idiosincrasia nacional.
En los últimos años se han multiplicado las ciudades que han sancionado normas restrictivas o prohibitivas para los concursos de bellezas. Y, aunque no existan ordenanzas o leyes en ese sentido, muchas de las organizaciones de las fiestas o festivales que cuentan con este tipo de actividades han ido modificando los criterios de selección y de elección de las participantes. Es lo que sucede con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que dejó de elegir “reinas” para distinguir a “embajadoras culturales”.
Una de las ciudades que tiene legislación sobre la materia es la de Guaymallén, en Mendoza. En marzo de 2021, el Concejo Deliberante de esa ciudad sancionó una ordenanza prohibiendo la organización por parte del municipio de elecciones de reinas de belleza, entre ellas la que representaría a la ciudad en la Vendimia, la fiesta más emblemática de esa provincia. Insólitamente, la ordenanza terminó judicializándose, hasta que la Corte de Justicia de Mendoza declaró que el instrumento legal municipal no era constitucional, de modo que ordenó al municipio de Guaymallén a que elija la representante para la elección de su propia reina.
La elección, por mandato judicial, finalmente se realizó, pero la gestión municipal decidió que el criterio no sea la belleza física de las chicas –según los estereotipos determinados culturalmente-, sino otros, vinculados al costado humano.
La elección fue virtual y nunca se difundieron las imágenes ni las identidades de las postulantes. A través de un sitio web, las candidatas, que recibieron una capacitación y rindieron un examen teórico y otro relacionado con sus historias de vida, expusieron frases de su autoría en las que expresaban sus visiones, experiencias, proyectos y/o aportes a la comunidad local. La elegida fue Natalia Mercery, de 35 años, mamá de tres niños, que no será la “reina” de Guaymallén sino la “representante” de esa ciudad y deberá competir contra chicas con la mitad o poco más de su edad y elegidas con los criterios tradicionales.
La gestión municipal respondió acertadamente, de esa manera, a la absurda imposición judicial y contribuyó a sumar argumentos para desacreditar los concursos que, basados en criterios perimidos, deberían a esta altura desterrarse definitivamente en todos los eventos culturales de la Argentina.
