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7 de agosto de 2022 - 01:20

La mesa científica que se comprometieron a conformar el Gobierno y la Municipalidad de Andalgalá para evaluar el impacto ambiental que tendrá el proyecto Agua Rica busca superar una crisis de autoridad en materia minera profundizada por la conducta errática del intendente Eduardo Córdoba. Su proclamada voluntad de diálogo se materializó en un encuentro con el gobernador Raúl Jalil esta semana recién cuando el conflicto en el camino que conecta los distritos de Choya y Minas Capillitas amenazó desmadrarse a raíz de un contrapiquete que grupos defensores de la minería opusieron al piquete antiminero.

Alarmado ante la alternativa de que una escalada terminara devorándolo, Córdoba se allanó a explorar alguna salida al empate que obstaculiza los trabajos en la zona del yacimiento.

Hasta la reacción prominera, había preferido mantenerse prescindente de los cortes y responsabilizar por sus eventuales consecuencias al Gobierno. Esto le permitía capitalizar la resistencia a Agua Rica con una neutralidad aparente, cuando en realidad el reverdecer de la fractura en su distrito se había acelerado en marzo a partir de pedidos de informes del Concejo Deliberante andalgalense a los ministerios de Minería; Agua, Energía y Medio Ambiente; Educación y Salud sobre los controles que hacen de las tareas que desarrolla Minera Agua Rica-Alumbrera en la cuenca del río Andalgalá, la contaminación que podrían haber provocado en el río Choya y supuestas intoxicaciones en la comunidad de la escuela “Fragata Libertad”. Los planteos contaron con su anuencia, si no su instigación. Los concejales le encomendaron llevar adelante las acciones administrativas o judiciales que correspondieran.

La posibilidad de que con la intervención de los promineros se desataran refriegas violentas terminó con la fantasía y lo obligó a asumir decisiones. Se insinuaba un escenario distinto al del estallido de abril del año pasado, donde fueron atacadas las sedes de MARA y el PJ. El contrapiquete mostraba grupos de choque que en aquel momento no había.

Última carta

La mesa no tiene por el momento plazos. En una segunda etapa, se anunció, especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán e YMAD se sumarían a los de la Provincia y el Municipio. El senador nacional Flavio Fama salió a pedir pista también para la UNCA.

Lo que se intenta es construir una instancia de legitimación de carácter “científico” porque todas las otras vías han naufragado ante la intransigencia de un activismo antiminero que lleva más de una década de vigencia.

Alejandro Páez y Córdoba, los dos intendentes andalgalenses que sucedieron al prominero José Perea, provienen de la militancia antiminera.

En septiembre de 2016, durante la intendencia de Páez, que es diputado provincial y participó de la reunión entre Jalil y Córdoba, los concejales de Andalgalá sancionaron por unanimidad la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el distrito. La Corte de Justicia la declaró inconstitucional en diciembre de 2020, el municipio sigue considerándola válida.

Es decir: ni la política ni la Justicia consiguieron hacer remitir el sentimiento antiminero que traba el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, no puede concluirse que el rechazo sea unánime.

Ante la antiminería se alza gente que tiene expectativas cifradas en la puesta en marcha de Agua Rica. El sector comienza a ganar consistencia.

Similitudes

La mesa científica remite al estudio sobre los efectos de Bajo La Alumbrera que el Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral encargó en 2010 a la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) en un contexto similar al de ahora. El 15 de febrero de ese año había estallado en Andalgalá una rabiosa revuelta detonada por el desalojo de un piquete que cortaba el paso hacia Agua Rica. El reventón es la efeméride emblemática de la antiminería.

FUNCEI y Brizuela del Moral difundieron los resultados de la investigación en octubre, tras un trabajo de campo de tres meses en Andalgalá, Belén y Santa María.

La organización concluyó que no existían en la zona evidencias de contaminación como consecuencia de la actividad minera, ni era posible vincular casos de cáncer u otras patologías con ella.

Las conclusiones del estudio fueron categóricas: los fallecidos por cáncer en Catamarca constituían a 2010 –Bajo La Alumbrera había iniciado su explotación en 1997- el 14,37% del total, un porcentaje mucho menor al del país, que era del 19,54%. En lo que a patologías oncológicas se refería, Catamarca se ubicaba en decimonoveno lugar entre todas las provincias argentinas.

Los investigadores de FUNCEI se contactaron con grupos antimineros. Los frutos de estas entrevistas fueron plasmados en el informe y resultaron también desmitificadores.

“Existen grupos con declarada posición contraria a la minería a cielo abierto que sostienen que el cáncer se ha incrementado en toda la zona oeste de Catamarca, pero ninguno de ellos pudo orientarnos a reconocer o visitar por lo menos algún caso de pacientes existentes o de familiares de fallecidos donde se haya encontrado la presencia de un problema oncológico con sospecha de etiología por contaminación”, consignó el informe. Tampoco el personal de los hospitales y postas pudo hacerlo.

No obstante, antimineros y ambientalistas entrevistados por FUNCEI sostuvieron que el poder mantenía ocultos datos referentes a la contaminación y el aumento del cáncer aterradores.

En simultáneo a los resultados del estudio de FUNCEI, se publicaron las cifras de la pobreza. En Catamarca, había crecido un 3,7% en el primer semestre de 2010 con respecto al mismo período del año anterior, a contramano de la tendencia nacional, donde el índice había retrocedido del 13,9 al 12%.

Tenía la provincia un 20,9% de pobres y estaba cuarta en el ranking nacional de la miseria.

FUNCEI no había encontrado evidencias de contaminación ni de vínculos entre minería y enfermedades, pero detectó patologías endémicas propias de la pobreza y el subdesarrollo, como el Chagas o la brucelosis.

Doce años después, el Gobierno y autoridades municipales temerosas de que la situación se descontrole vuelven a recurrir a la ciencia, ahora para tratar de reforzar la mellada credibilidad de los organismos estatales que habilitaron Agua Rica luego de enderezar el defectuoso proceso administrativo que se había hecho en la gestión radical.

Todo el prestigio de FUNCEI fue insuficiente en 2010 para convencer al activismo antiminero, que se afianzó desde entonces en un contexto nacional signado por otros movimientos similares que hicieron recular a los gobiernos de Mendoza y Chubut, por ejemplo.

La reunión de Jalil y Córdoba abre una instancia de negociación política. Es muy temprano para arriesgar pronósticos, pero el gran interrogante es si esta vez el concurso científico logrará mejorar la calidad de la licencia social para la minería.n

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