martes 9 de agosto de 2022

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Editorial

El límite de la tolerancia

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28 de junio de 2022 - 01:10

Tanto la protesta social como el accionar de las fuerzas de seguridad para prevenir que aquélla no se desborde en hechos de violencia son un derecho y un deber que se encuadran en prerrogativas contempladas legalmente. Los ciudadanos tienen derecho a protestar y la policía el deber de prevenir desmanes o, si éstos ocurren, de actuar para restablecer el orden.

La realidad indica que no siempre es tarea sencilla encontrar el equilibrio institucional necesario para que ese derecho y ese deber convivan. Sin control policial la protesta social puede desbordarse con consecuencias imprevisibles. Pero si la actuación de las fuerzas de seguridad se torna violenta, como ha sucedido en muchas oportunidades, reprimiendo en vez de preservar la paz social o excediéndose largamente en las atribuciones que posee para restablecer el orden, las consecuencias son mucho peores.

El domingo se cumplieron 20 años de los asesinatos, en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en una protesta ocurrida en el puente Pueyrredón, en Avellaneda. El gravísimo hecho de violencia institucional fue de tal impacto político que frustró las aspiraciones del entonces presidente de la Nación, elegido por el Senado, Eduardo Duhalde, de ser candidato en los comicios de 2003.

Otra grave represión, la de diciembre de 2001, que había tenido como saldo 31 personas muertas en todo el país, fue un factor de peso, junto con la grave crisis económica, para que Fernando de la Rúa decidiese renunciar a la Presidencia de la Nación.

Desde entonces la Democracia no tolera la represión violenta como método de acallar las protestas sociales. Fenómeno similar sucede en casi todos los países de la región. En estos días el Congreso de Ecuador debate la posibilidad de destituir al presidente Guillermo Lasso luego de la represión contra protestas convocadas por organizaciones de pueblos originarios que produjeron al menos cinco muertos, 166 heridos y 123 detenciones.

En la mayoría de los países de América del Sur, los genocidios propiciados desde el Estado por las dictaduras militares de los años 60, 70 e incluso 80 fueron elemento político de peso para que las sociedades empezaran a rechazar masivamente la violencia como método para dirimir las controversias políticas. Por ello se explica el impacto negativo que causan las muertes surgidas de la represión estatal. En el caso argentino, los crímenes del puente Pueyrredón marcaron el límite de la tolerancia.

El accionar de las fuerzas de seguridad frente a los reclamos sociales está reglado por normas que deben acatarse. La policía debe actuar preventivamente y, en caso de producirse desmanes o desórdenes, actuar ejerciendo una fuerza razonable. La represión como primer recurso no es admisible, porque además de atentar contra la población civil no disuade ni tranquiliza los ánimos, sino que produce una espiral de violencia que se vuelve incontrolable.

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