El Tribunal de Enjuiciamiento rechaza los apartamientos de fiscales que son amigos del fiscal Hugo Costilla y los obliga a pronunciarse. Ya se cayó un proceso vinculado a los fraudes de Bacchiani. El otro, relacionado con los del Clan Bulacio, está en la cornisa.
Con el rechazo del apartamiento del fiscal Miguel Mauvecín, el Tribunal del Jury configura el escenario para evitar que se revise la actuación del fiscal Hugo Leandro Costilla en la segunda causa que intentó cerrar sin investigar elementos relacionados con las criptoestafas que asolaron Catamarca entre 2020 y 2022.
Se asiste a una abdicación de responsabilidades institucionales y políticas perpetrada mediante ardides propios de expedientes penales ordinarios y ante la indiferencia de la Corte de Justicia.
El Tribunal de Enjuiciamiento rechazó ya la inhibición del fiscal Guillermo Narváez, que alegó violencia moral por amistad con Costilla para no participar del Jury por la llamada “Causa Wika”. Obligado a pronunciarse, Narváez no formuló la acusación y el proceso se cayó sin juicio.
Mauvecín esgrimió el mismo motivo para apartarse del Jury por las “absoluciones pagas” y ofreció evidencias más consistentes aún que las de Narváez sobre la existencia del vínculo afectivo con Costilla, pero los miembros del tribunal lo obligan también a accionar. Entre los elementos aportados para justificar la inhibición y desestimados por el tribunal se destaca el hecho de que Costilla fue secretario entre 2008 y 2018 de la Fiscalía 7, que en ese período estaba a cargo de Mauvecín.
Esto es: el tribunal del Jury le exige objetividad como fiscal a un sujeto que no sólo es ostensiblemente amigo del encartado, sino que trabajó con él durante diez años en el marco de la estrecha confianza que conviene haya entre un fiscal y su secretario.
¿Por qué se empecina el Jury en compeler a fiscales amigos de Costilla? La pregunta surge obvia y habilita otra, de mayor alcance: ¿Está interesado el tribunal en profundizar sobre la trama de las criptoestafas que afecta a la Justicia provincial?
Hay indicios sólidos de que Costilla se abstuvo de investigar pistas sobre los fraudes que estuvieron a su alcance y de que se negó a colaborar con las pesquisas que lleva adelante la Justicia Federal.
Trató de archivar la “Causa Wika”, pero el juez de Garantías Marcelo Sago lo impidió y se la sacó con durísimos reproches por no haber seguido el rastro de operaciones tendientes a precipitar la insolvencia fraudulenta de Edgar Adhemar Bacchiani.
En el expediente de las “absoluciones pagas”, instigó el insólito sobreseimiento sin juicio y a cambio de una indeminización de los cuatro acusados por el violento asalto al reo de las estafas de “RT Inversiones” Matías Rolón Reynoso.
El escándalo fue tal que la Procuración de la Corte y la Fiscalía General ordenaron una investigación especial que recayó en la fiscal Paola González Pinto. El resultado de estas indagaciones fue lapidario y la Sala Penal de la Corte de Justicia anuló la sentencia absolutoria del ahora ex juez Rodolfo Maidana por “cosa juzgada írrita”.
Esta resolución fue revertida por la Sala de Doble Conforme, en un fallo dividido, pero no porque se haya verificado que Costilla actuó correctamente, sino por considerar que la Corte no tenía competencia para pronunciarse en esa instancia. La causa fue girada en junio a la Justicia de Garantías, desde donde no han surgido novedades hasta el momento.
En la figura de Costilla convergen sospechas nunca aventadas sobre el papel que jugó todo el Poder Judicial de la Provincia en el traumático caso de las criptoestafas, que fue prescindente, negligente o cómplice según el punto de vista que se prefiera adoptar.
Las dudas crecen por el hecho de que las presuntas manipulaciones atribuidas al fiscal de Instrucción clausuraron alternativas para acceder a porciones de un botín fragmentado entre pagos librados bajo presión extrajudicial, transferencia de bienes y mejicaneadas.
Esta es la terminal del caso que no se expuso a debate público debido al fracaso del Jury por la “Causa Wika” y que continuará en las sombras si se cae el de las “absoluciones pagas” por falta de acusación.
No es un problema de los fiscales, que bien podrían haber beneficiado a su amigo Costilla con el sencillo trámite de no confesar sus relaciones amistosas y promover su absolución. Es un problema del Jury, que pretende obligarlos a intervenir a pesar de tales relaciones amistosas, sin considerar los riesgos que tal decisión supone para el debido proceso: con su juicio afectado por la “violencia moral”, los fiscales compelidos pueden tanto abjurar de sus funciones como sobreactuarlas para que no vaya a dudarse de su objetividad.
El criterio asumido para rechazar las inhibiciones de Narváez y Mauvecín contrasta con el que se aplicó para apartar al fiscal natural del Jury, Augusto Barros.
Costilla descubrió un mail enviado por el relator de la Corte Arturo Herrera Basualdo a Barros, con un pliego de preguntas para testigos en la “Causa Wika”. Con ese elemento, radicó una denuncia penal contra ambos funcionarios judiciales por considerar que complotaban en su contra y recusó a Barros por falta de imparcialidad. Barros, por su parte, renunció como fiscal del Jury por “violencia moral”, en su caso por enemistad, y para facilitar la prosecución del proceso.
El Jury concilió las animadversiones y relevó a Barros de sus funciones. Mauvecín, fiscal del Jury suplente, no estaba en la Provincia. Se convocó entonces al fiscal Alejandro Dalla Lasta, pero se admitió su inhibición por la clásica “violencia moral”, ahora por amistad con el encartado. Así se llegó a Narváez, a quien no se le aceptaron “violencias morales” y se lo obligó a actuar con el desenlace conocido: no acusó y el juicio político no se hizo.
Ahora se compele a Mauvecín, que en su inhibición expuso argumentos conceptualmente idénticos a los de Narváez.
Es como si el tribunal del Jury se resistiera a hacer el juicio.
Mientras tanto, la Corte no aceptó la renuncia de Barros y no designó un reemplazante para lo que resta del año.
La secuencia es nítida. Costilla, en uso de su derecho a defensa, obstaculizó el juicio político en su contra por la “Causa Wika” y el Jury le completó la faena, liberándolo de responder por sus eventuales responsabilidades al obligar a pronunciarse a un fiscal que ya en el planteo de su inhibición anunciaba que consideraba que todo el expediente era hijo de una arbitrariedad. Esto, cuando el propio tribunal del Jury había habilitado la apertura del juicio.
Costilla y su abogado defensor, Daniel Ortega, denuncian mientras tanto persecuciones políticas sin identificar ideólogos, ejecutores ni móviles. No se recuerdan investigaciones de Costilla que puedan haber incomodado al poder político, pero en cualquier caso son imputaciones gravísimas de las que nadie se hace cargo y sobre las que nadie pide mayores precisiones.
Nada de qué asombrarse. Tampoco se sabe nada de las acusaciones que Bacchiani vertió sobre supuestos chantajes que lo despojaron de parte de su patrimonio, en los que involucró a personas con aceitados contactos en la Justicia provincial.
Hay escuchas telefónicas legales muy interesantes y comprometedoras en poder de la Justicia Federal. Fueron entregadas por la Justicia Provincial de Córdoba, que condenó a Bacchiani por estafas.
La Justicia cordobesa actuó y, tras la tensión inicial, colaboró con la Justicia Federal catamarqueña. Una conducta proactiva diametralmente opuesta a la que se le endilga a Costilla en los casos de “Wika” y las “absoluciones pagas”, cuyos detalles pretendes ocultarse con cada vez más evidente pertinacia a la opinión pública.
Es el prestigio de la Justicia local, no el de Costilla, el que permanece embarbascado en subterfugios leguleyos.
