La reanudación del juicio oral contra los seis policías del caso Pachao, que ahora están imputados por "tortura seguida de muerte" y "privación ilegítima de la libertad", tuvo como dato saliente el rechazo del tribunal al planteo para que un jurado popular juzgue a los imputados. También fue rechazado el pedido para que la Corte de Justicia dirima la competencia, el cual había sido presentado por una de las defensas.
El Tribunal, conformado por Silvio Martoccia, Rodrigo Morabito y Gershani Quesada, no hizo lugar a lo planteado por la defensa del policía Ricardo Varela para que el tribunal se declare incompetente. Esta situación se originó tras el "reencausamiento" que derivó en el agravamiento de la situación de cada policía -habían llegado a juicio por vejaciones e incumplimiento en los deberes de funcionario público-, por lo que los abogados Luciano Rojas y Jorge De la Fuente plantearon la "excepción por falta de competencia" y actúe un jurado popular.
La Ley de Juicio por Jurados establece que serán de esa órbita las causas cuyas penas máximas sean superiores a veinte años de prisión y cuyos hechos hayan sido cometidos luego del 3 de diciembre del año pasado –cuando entró en vigencia la Ley- o cuya elevación a juicio es posterior a la entrada en vigencia de la legislación en cuestión.
Los magistrados aclararon que el caso Pachao fue elevado a juicio en el 2018 y que el hecho diverso hace referencia a que el "núcleo es el mismo" y que la mutación obedece a lo que ocurrió en el juicio.
Por su parte, la defensa de Gustavo Bulacios, ejercida por el abogado Marcos Gandini, había pedido que se giren las actuaciones a la Corte de Justicia para que dirima la competencia.
Esto también fue rechazado ya que explicó que la Corte interviene cuando dos tribunales se declaran incompetentes en un caso.
En silencio
Acto seguido se dio paso a la etapa de intimación de los imputados, quienes escucharon atentamente las nuevas imputaciones y uno a uno manifestaron su intención de abstenerse a prestar declaración ante los jueces.
Los acusados son Gustavo Bulacios, Ricardo Varela, Ricardo Barrera, Gustavo Nieva, Jorge Montivero y Ramón Quevedo.
Tras una breve cuarto intermedio se abrió la etapa de ofrecimiento de prueba en la que la Fiscalía, la querella y las defensas ofrecieron los testimonios, pericias y otros elementos que podrían ser considerados en el plenario.
Los fiscales Hugo Costilla y Daniela Barrionuevo solicitaron que se les realice la pericia psiquiátrica a los policías. Entre los puntos mencionados por el Ministerio Público Fiscal pidió que se evalúe el estado y desarrollo de facultades y si es que entendían la criminalidad de sus actos. El tribunal fijó un plazo hasta hoy a las 9 para que las partes designen peritos de contralor. Los fiscales también solicitaron que se incorpore al expediente la inspección ocular realizada el 19 de agosto en la Comisaría Séptima.
La querella pidió la presencia de Lucía Corpacci y la exfiscal general Milagro Vega (ver relacionado). También pidieron que sean citados el exsecretario de Seguridad Juan Pablo Morales y quien era jefe de Policía en marzo de 2012, el comisario Juan José Palomeque.
Las partes no se opusieron a estos nombres por lo que el tribunal deberá resolver si son citados.
A su vez las defensas pidieron que sean convocados para que presten declaración los médicos forenses del Poder Judicial de Córdoba que intervinieron en el examen anatomopatológico.
La querella se opuso a que sean convocados los galenos porque entendían que se extendería aún más el juicio. Esta postura motivó la respuesta del abogado Víctor García, defensor de Nieva, quien dijo que le "da pena que la querella se oponga a que vengan médicos que hicieron una investigación avezada". "Busquemos la verdad real, traigamos a los médicos", expresó.
Otro punto de polémica entre querella y defensas fue la postura de que sean convocados como testigos los hermanos Leiva, quienes habían sido imputados por el homicidio de Pachao pero la causa no llegó a juicio ya que ambos fueron sobreseidos por prescripción. Los hermanos están sospechados de haber protagonizado una gresca con Pachao y su amigo Leonel González antes de que fueran arrestados por los policías.
"De nuevo va la burra al trigo" espetó el querellante Galíndez ante el pedido de García de que sean llamados a declarar. El defensor manifestó que los hermanos fueron sobreseidos no porque no hayan tenido participación en el caso sino por el tiempo transcurrido y que era clave su presencia para determinar lo ocurrido antes del arresto.
La querella, representada por los abogados Natalia Páez Vaca y Humberto Galíndez, pidió que sean llamados a declarar la senadora nacional Lucía Corpacci y la exfiscal general María Milagro Vega.
El fundamento esbozado por los abogados es que Corpacci era gobernadora para la fecha del hecho -marzo del 2012- y fue hasta el Hospital San Juan Bautista cuando Diego Pachao se encontraba en estado crítico.
La petición realizada por la querella tuvo las oposiciones de la Fiscalía y de las defensas, quienes consideraron que el testimonio de Corpacci no aportaría a la causa.
A su vez, también rechazaron que sea llamada la exfiscal Vega. Los abogados querellantes solicitaban la presencia de Vega para que mencione si se habían elaborado informes estadísticos en los que se consignaran sobre casos de brutalidad policial. n