La reciente condena al culpable del brutal ataque contra la docente Luisina Vega puso de nuevo en foco el empleo del juicio abreviado como herramienta para, no solo economizar gastos a la Corte de Justicia, sino principalmente evitar la revictimización.
El caso es fácilmente reconocible por el nivel de violencia desplegado por Axel Benjamín Castro, el ahora condenado. El 26 de noviembre del 2025, Vega fue abordada por Castro, quien intentó quitarle la cartera y luego la hirió gravemente con un cuchillo. La secuencia fue grabada por una cámara de seguridad y Castro fue localizado ese mismo día por la Policía. Vega quedó internada con riesgo de muerte en el Hospital San Juan Bautista y su recuperación fue lenta.
Las pruebas contra Castro eran abundantes y la causa estaba encaminada a un juicio por jurados, con una acusación por “homicidio agravado por criminis causa en grado de tentativa”. Allí podrían haberse debatido otros factores, como si la calificación legal correcta era la de un intento de homicidio o lesiones graves en el marco de un robo.
Sin embargo, la estrategia de los abogados de Castro fue en busca de conseguir el juicio abreviado. El procedimiento está previsto en el artículo 410 del Código Procesal Penal Provincial y permite, bajo determinadas condiciones, acordar la cantidad y especie de pena a imponer sobre la base de la aceptación de la culpabilidad del acusado.
Castro admitió su responsabilidad y sus abogados pidieron una pena de 10 años, la cual fue aceptada por todas las partes, inclusive por Vega, quien estuvo presente en la audiencia el lunes 10 de agosto. La jueza Patricia Olmi le consultó a Castro reiteradamente si no había sido coaccionado y si era consciente de lo que estaba firmando. La respuesta fue afirmativa.
Este detalle quizás parezca menor pero no puede pasar desapercibido. En 2024, profesionales de la Universidad Nacional del Litoral junto con la Facultad de Derecho realizaron un informe sobre internos del Servicio Penitenciario Provincial que fue recibido por la Corte de Justicia. Un considerable porcentaje había sido condenado mediante este procedimiento: el 44%. Otro dato fue que el 26,3 por ciento sostuvo que la pena era injusta porque aseguraba que era inocente del delito por el que fue condenado, mientras que el 43% manifestó que fue mal asesorado.
El juicio abreviado es una herramienta necesaria para el funcionamiento del sistema de justicia, tantas veces cuestionado por la lentitud con la que se tramitan los expedientes. Alivia la revictimización de la persona afectada, que no siempre está preparada para afrontar un juicio, y ayuda a disminuir el abarrotamiento de causas.
Pero precisamente por su importancia, debe existir un minucioso control de parte de las autoridades judiciales para que detrás de estos acuerdos no se configuren aprietes o irregularidades, vulnerando el derecho de los imputados so pretexto de cerrar rápidamente una causa y engrosar estadísticas.
El caso de Castro muestra que el procedimiento puede ser una herramienta válida cuando existe reconocimiento, acuerdo de las partes y control judicial. El desafío es garantizar que esas condiciones no sean una excepción, sino una regla. La rapidez para cerrar una causa nunca puede estar por encima de las garantías de quienes forman parte del proceso.