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Causa Callvu

El juez rechazó el pedido de detención de Eduardo Guerrero

El juez federal Miguel Ángel Contreras no hizo lugar a la solicitud de detención del dueño de la inmobiliaria que está imputado en la causa.

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12 de junio de 2022 - 01:30

El Juzgado Federal rechazó el pedido de detención para Eduardo Guerrero, quien había sido señalado como supuesto colaborador de Cristian Sixto Rojo en la empresa Callvu Servicios Financieros y Bursátiles. El juez Miguel Ángel Contreras no hizo lugar a la medida solicitada por la Fiscalía Federal, que entendía que Guerrero debía ser privado de su libertad.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había pedido la detención de Guerrero tras la visualización de una computadora y el contenido de un teléfono celular perteneciente a la exempleada de Callvu Silvina Segura, quien también está imputada en la causa. Tras esta solicitud se les corrió traslado a las otras partes en la causa y finalmente la última palabra la tuvo el juez federal, quien rechazó la petición.

En el marco de esta causa se conoció que el defensor de Guerrero, Roberto Mazzucco, solicitó la ampliación de indagatoria, la cual se concretaría la próxima semana, según informaron las fuentes consultadas por El Ancasti.

Por esta causa, el viernes Rojo había declarado por segunda vez y despegó a Guerrero de la acusación al desmentir que sea un pocero de la empresa y dijo que era un inversor. A su vez, manifestó que Callvu no tenía sucursales en Tucumán o en San Juan.

Al finalizar su declaración, el dueño de la empresa pidió la prisión domiciliaria para poder cumplir con sus compromisos de pagos.

Rojo está imputado por los delitos de "intermediación financiera no autorizada", "estafa" y "lavado de activos".

Las denuncias penales contra su empresa comenzaron a principios de abril, tras la preocupación de un grupo de ahorristas por el atraso en el pago de los intereses acordados.

La empresa ofrecía rentabilidades mensuales superiores al 20 por ciento y hasta el pago de un premio o bono. Según las primeras denuncias, la empresa ofrecía captación de ahorros del público para su inversión en los mercados de valores y divisas, incluyendo criptomonedas y otras operaciones bursátiles.

La denuncia contra Rojo fue realizada en representación de dos personas por una suma cercana a los 3,7 millones de pesos.

A mediados del año pasado los dos habrían entregado ese dinero a Rojo, con la promesa de que recibirían rentabilidades mensuales de 22% y un súper bono de 35%.

A cambio, recibieron pagarés que debieron entregar a medida que recibían la cuota parte acordada oportunamente. La cesación de pagos se inició en febrero de este año. Supuestamente, Rojo se negó a continuar honrando lo acordado y hasta se habría negado a restituir el capital recibido. Luego se enteraron que cerca de un centenar de personas estaban en una situación similar a la de ellos.

El estado de cada causa

en la Justicia

Treinta y cinco son las personas que están imputadas por presuntas estafas piramidales. Seis son las empresas que están en la mira de la Justicia Federal: Adhemar Capital, RT Inversiones SRL, Callvu Servicios Financieros y Bursátiles, Stratton Sierra, Beta Bank y la financiera Inchausti.

La causa que tiene más imputados es RT Inversiones con quince personas acusadas, cuatro de ellas están detenidas en el penal de Miraflores: Edgardo Bulacio padre e hijo, Ariel Vergara y Matías Rolón Reynoso. Este expediente está a cargo del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien subroga al juez Contreras, quien se inhibió por amistad con Edgardo Bulacio padre.

En el caso de Adhemar Capital, el único que está detenido en el penal es su dueño, Edgar Bacchiani.

Cristian Rojo, dueño de Callvu, también está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

Quienes también se encuentran detenidos pero en la Policía Federal son los socios de Beta Bank, Juan Manuel Casado Tolosa, Esteban Cabello y José Daniel Carrizo.

No hay detenidos en las causas abiertas contra las financieras Stratton Sierra e Inchausti.

En las próximas semanas los jueces Argibay y Contreras deberán resolver la situación procesal de cada uno de los imputados.

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