La diputada Laura Quintero (Generar) presentó un proyecto de ley para establecer mecanismos de transparencia, control y equidad en los procesos de inscripción, selección y adjudicación de viviendas sociales financiadas con recursos públicos en la provincia.
"El IPV es una caja política más. Hay familias que esperan años por acceder a una vivienda. Presentan los papeles, cumplen con los requisitos y siguen esperando. Y luego ven cómo estas viviendas quedan en manos de personas cercanas al poder, familias y amigos, sin que nadie pueda explicar el porqué", afirmó la diputada Quintero a través de sus redes sociales. "Y todo esto sucede porque no hay transparencia", agregó.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que en los últimos años se conocieron públicamente "cuestionamientos y sospechas" sobre la forma en que se desarrollan determinados procesos vinculados a programas habitacionales en la provincia, con denuncias por presuntas maniobras irregulares, intermediaciones indebidas y utilización de vínculos políticos o administrativos para acceder a beneficios.
La iniciativa establece que no podrán resultar adjudicatarios de viviendas sociales quienes ejerzan cargos electivos, funciones políticas, cargos jerárquicos en cualquiera de los poderes del Estado provincial o municipal, ni quienes sean contratistas o proveedores estatales.
También se prevé sorteos públicos y auditados para los casos de empate entre los postulantes.