domingo 16 de junio de 2024
¿Por qué es tan importante evitar la revictimización?

El impacto de la vivencia delictiva causa consecuencias de gravedad

Profesionales advierten que puede propiciar modificaciones en la vida de la víctima y la de sus familiares.

Un robo, una agresión sexual o un homicidio son algunos de los delitos que más mella pueden hacer en la vida de las víctimas. La experiencia, marcada por la violencia, suele dejar una huella muy profunda y el proceso para sanar en cada víctima es particular. Lo más importante es comenzar por reconocerse como tal. Por ello, este proceso en cada víctima es distinto.

La Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos reconoce como a la “persona ofendida directamente por el delito” y “al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”. La normativa tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte.

A la vez, estipula otros derechos. Tales son: recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación y a requerir medidas de protección. La Ley también dispone que sea asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social. Debe ser informada sobre sus derechos. Tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso.

También se estipula la rápida intervención. “Las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia”. Se trabajará con un “enfoque diferencial”. Es decir, las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presente, entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas.

Además, se advierta la no revictimización. “La víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles”.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que “se ha de entender por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe, el abuso de poder”. Fuentes consultadas por El Ancasti explicaron que en la expresión “víctima” se incluye además a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización. “El impacto de la vivencia delictiva llega a tener consecuencias de tal gravedad que puede propiciar arbitrarias modificaciones en la vida de la víctima y la de sus familiares, en numerosos casos estas alteraciones llegan a ser irreversibles. La clave para contener (cuidar) a la víctima, radica en la atención y asistencia oportuna que a ésta se le otorga por parte de los servidores de la justicia a quienes la víctima acude”, se precisó.

Víctima, otra vez

A la vez, se advirtió que la revictimización hace alusión al abuso de poder entre el sistema jurídico y los individuos de la sociedad. Al respecto, indicaron que la victimización se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico al interponer la denuncia por algún delito cometido hacia aquélla. “Se genera la victimización primaria como derivación del impacto traumático de un hecho delictivo, en contraste con la victimización secundaria, que se produce como consecuencia posterior de la relación o el encuentro entre la víctima y el sistema jurídico penal, en el que se incluyen todos y cada uno de los operadores que trabajan con el aparato jurídico. La victimización terciaria es el señalamiento de la sociedad hacia la víctima, el olvido del Estado (dilatación del proceso y reparación, entre otros). Es el prolongamiento de los procesos, en el cual no se proporciona respuesta de resultados a las víctimas”, se detalló.

Además, se remarcó que la victimización desencadena una serie de alteraciones en la conducta de las víctimas a nivel psicosocial; así se origina la revictimización por parte del sistema jurídico penal. En el caso de los delitos sexuales, la mayoría de estas agresiones indirectamente conlleva a que la víctima sea revictimizada por los operadores jurídicos, debido a que se exponen a sufrir un mayor daño que el proporcionado por el delito en sí. Por ello, se advierte la importancia de contar con personal debidamente preparado para tomar estas denuncias.

Más que un nombre

¿Cómo corresponde llamar a la una persona que atravesó por una situación de violencia por un hecho delictivo? Las fuentes consultadas señalaron que con respecto a si debe ser llamada “denunciante” o “víctima”, hay posturas disímiles. Desde el psicoanálisis se plantea que “lo que no se nombra, no existe”. Es por ello que si se considera la definición de la ONU, frente a una persona que llega a una fiscalía, unidad judicial o comisaría a radicar una denuncia por haber sufrido algún ilícito estarían dadas las condiciones para llamarse víctima. “Cierto es que toda persona que desea hacer una denuncia puede ser llamada denunciante. Debemos considerar la particularidad de cada situación y siempre resulta conveniente la escucha y contemplación de la persona que acude a la justicia para valorar la forma en la cual se asistirá la demanda victimológica. El proceso sería que denunciante/víctima no llegue a percibirse revictimizado y para ello los diferentes actores judiciales que intervienen en el proceso deberán tomar los recaudos necesarios a los fines de garantizar el correcto y justo acceso a la justicia de toda persona que lo requiera, cumpliendo con las funciones inherentes a su cargo”, se aclaró.

A la vez, se indicó que un principio a considerar es el de preservar la integridad psicofísica de esa persona que acude al sistema judicial para lograr respuestas justas.

A tal fin, es necesario contemplar primariamente a los más vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes o con discapacidad) y al mismo tiempo se debe tener en cuenta que toda persona que demanda el acceso a la Justicia requiere de una atención individualizada, del cuidado de su integridad y de la preservación de emocionalidad. “Preservar la salud psíquica así como la identidad, evitando exponer a través de imágenes, nombres, seudónimos, en redes sociales como en medios masivos de comunicación, suele resultar beneficioso para las víctimas/denunciantes tanto en el proceso de acceso a la Justicia como en la búsqueda de reparación emocional frente al hecho delictivo vivenciado”, se explicó.

La búsqueda de una víctima

La asistencia y acompañamiento a las víctimas tienen el fin de favorecer la normalización de la situación y ayudar a la persona a la reorganización de su proyecto de vida a corto y mediano plazo. Debe pensarse como una estrategia de acercamiento profesional con buenas prácticas, profesionales formados para realizarlas, para así evitar acciones iatrogénicas, revictimizantes o que causen daños adicionales a las víctimas y allegados.

Establecer empatía: generar confianza, invitar a la persona a hablar, escuchar activamente (hechos y sentimientos), mostrar interés, comunicar aceptación y despojarse de la distancia profesional.

Intentar indagar el pasado inmediato: el incidente que precipitó la crisis; fortalezas y debilidades previas a la crisis, para identificar los recursos propios de la persona.

Identificar fortalezas y debilidades del presente, recursos personales internos, y recursos externos (redes de apoyo). Es indispensable evaluar factores de riesgo asociados a mortalidad.

Favorecer el futuro inmediato: propulsar decisiones inminentes, examinar lo que la persona podría hacer ahora, proponer alternativas: nuevos comportamientos, redefinir el problema estableciendo metas específicas a corto plazo, hacer confrontaciones cuando sea necesario, ser directivo, hacer un convenio para hacer seguimiento y evaluar los pasos de acción.

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