El Gobierno de la Provincia avanza con la toma del crédito público por 10.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas, pero lo hará mediante contratación directa, luego de declarar desierto el llamado a licitación que abrió el 14 de julio y concluyó sin ofertas dos semanas después. Además, se conoció que se habían girado invitaciones a cuatro entidades bancarias que luego no ofertaron.
El pasado 28 de julio, el Ministerio de Economía declaró desierta la licitación pública para la toma de un crédito por 10.000 millones de pesos que el Gobierno de la Provincia pretendía para la realización de un plan de obras públicas. En el último Boletín Oficial se conoció que la Dirección Provincial de Crédito Público invitó al Banco de la Nación Argentina, al Banco Hipotecario, al Banco Santiago del Estero y al Banco Galicia mediante notas giradas el 17 y 18 de julio para que se presentaran con alguna propuesta, algo que finalmente no ocurrió.
Ahora el Gobierno confirmó la licitación desierta y abrió un llamado a contratación directa mediante el decreto acuerdo nº 2058/23, para el cual ordenó que se realicen invitaciones a cinco o más entidades financieras “de reconocida trayectoria en el mercado” y fijó como plazo para la presentación de las propuestas el quinto día hábil posterior a la fecha de publicación del decreto, es decir, a las 13 del próximo martes.
En el expediente tomaron participación la Contaduría General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado. Contaduría recordó que la ley de Presupuesto vigente tiene una autorización que habilita al Ejecutivo a tomar endeudamiento por hasta 19.813.469.733 pesos con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y programas sociales y de inversión pública. Por su parte, Asesoría y Fiscalía de Estado coincidieron en que están cubiertas las condiciones que avalan al Ejecutivo a declarar desierto el llamado a licitación y solicitar una contratación directa.
En tal sentido, el Gobierno autorizó al Ministerio de Economía a afectar cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica (revistan la calificación de garantía preferida de Tipo A) y los recursos de la Coparticipación Federal para efectuar los pagos de crédito, sus intereses y gastos asociados a éste.
Tal como se informó en julio, el crédito que busca tomar la Provincia es de hasta 10.000 millones de pesos a devolver en no menos de 36 cuotas mensuales (tres años) con un plazo de gracia de por lo menos seis meses desde el desembolso, con un sistema de amortización francés o alemán y una tasa de interés que deberá ser propuesta por la institución financiera, pero no podrá superar la tasa BADLAR más 300 puntos básicos.
La oposición fue crítica de esta convocatoria del Gobierno para tomar deuda al asegurar que no está claro el plan de obras en el que el Ejecutivo pretende invertir los recursos. Ante esa situación, desde el gobernador Raúl Jalil hasta diputados del bloque oficialista lamentaron los cuestionamientos al señalar que el plan de obras está anexo a la ley de Presupuesto que se aprobó a fines de 2022. También se cuestionó la legalidad y oportunidad del crédito, y se mencionó que el Ejecutivo contaba con ingresos por colocaciones a plazos fijos que podrían utilizarse antes de tomar un préstamo.
