lunes 27 de mayo de 2024
El oficialismo acelera el tratamiento

El Gobierno envió la nueva ley "Bases" al Congreso y a los Gobernadores

El proyecto llega acompañado por un capítulo fiscal que incluye la modificación de Ganancias.

El Gobierno envió anoche el borrador de la nueva versión, recortada, de la Ley Bases a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas con la intención de comenzar a definir el texto final que -según adelantaron desde el oficialismo-, buscará que ingrese al Congreso el viernes para comenzar con el tratamiento en comisión la próxima semana.

El proyecto del Ejecutivo llegó acompañado por un capítulo fiscal que será tratado en forma conjunta e incluye la modificación del Impuesto a las Ganancias retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y llevando el piso a $1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados, tal como se acordó en las reuniones que el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron con los gobernadores más cercanos al Gobierno y los diputados dialoguistas.

Tanto en el bloque de La Libertad Avanza como en sus aliados del PRO hay optimismo en que la nueva versión avanzará en Diputados, ya que es un proyecto mejorado con las modificaciones acordadas en el primer intento que fracasó en febrero por la falta de acuerdo en el articulado relacionado con la reforma del Estado y, principalmente, con las privatizaciones, cuando se trataba en particular tras haber sido aprobado en general por una amplía mayoría.

Articulado

El texto definitivo expresa, en el primero de los 279 artículos del nuevo proyecto: “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”.

El segundo capítulo está vinculado con la reforma del Estado y hace referencia a la adecuación de la administración central. En este sentido, el Gobierno establece la posibilidad de su “reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Uno de los puntos de mayor tensión entre el oficialismo y los dialoguistas es el artículo 7 que hace referencia a la privatización de empresas públicas, de la que quedó excluida YPF.

En este sentido se redujo la cantidad de empresas sujetas a privatización que pasaron de más de 40 a 18, divididas entre privatización total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina), posibilidad de concesión (AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales) y privatización parcial (Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, Nación Seguros SA, Nacion Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursatil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio).

Seguí leyendo

Te Puede Interesar