El Senado de la Nación cerró la semana pasada dando acuerdo a un nuevo paquete de 67 pliegos judiciales impulsados por el Poder Ejecutivo, con el que la gestión de Javier Milei acumula ya más de 170 designaciones aprobadas a lo largo de 2026 y 177 desde el inicio de su mandato. Se trata del mayor número de candidatos judiciales aprobados por el Congreso en un solo año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura, en 1994, y un paso adelante para fortalecer la Justicia.
Hasta el año pasado había más de 300 juzgados, fiscalías, defensorías y tribunales orales sin titular, cubiertos de manera precaria por magistrados subrogantes. Esa acefalía crónica, heredada de gestiones sucesivas, y agravada por años de parálisis en el tratamiento parlamentario de los pliegos, es una de las causas, aunque no la única, de la lentitud, la discrecionalidad y la debilidad institucional que afectan la confianza pública en la Justicia argentina.
Entre los 67 pliegos aprobados en la última sesión hay dos nombres que interesan directamente a Catamarca: Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona fueron designadas juezas de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia, un cuerpo que desde la jubilación del juez Adolfo Guzmán en 2020 y la muerte de Juan Carlos Reynaga en 2023 había quedado reducido a un solo integrante titular. Durante más de cinco años, la realización de juicios orales en el fuero federal catamarqueño dependió de la buena voluntad y la disponibilidad de magistrados subrogantes venidos de otras jurisdicciones, con las demoras y las dificultades de coordinación que ese esquema inevitablemente conlleva.
La reducción de la vacancia judicial permite, en principio, una mayor celeridad procesal. Además, limita el régimen de subrogancias, que si bien resulta imprescindible como herramienta transitoria, deja de ser una solución razonable cuando se prolonga por años y termina naturalizando un estado de excepción permanente en la conformación de los tribunales. En tercer lugar, la designación de jueces titulares, a diferencia de los subrogantes, cuya permanencia en el cargo es por definición precaria, aporta estabilidad a los criterios jurisprudenciales. Y, en un plano más general, la cobertura sostenida de vacantes contribuye a restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado: un Poder Judicial estructuralmente incompleto es, también, un Poder Judicial más vulnerable a las presiones de los poderes políticos y económicos.
Corresponde señalar, de todos modos, que el proceso no estuvo exento de controversias. La designación del juez Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña, votada por separado del resto del paquete, generó objeciones de la oposición por su vínculo con causas de alta sensibilidad institucional, entre ellas las que investigan al propio presidente y a su entorno. Es un recordatorio oportuno de que la calidad de los nombramientos importa tanto como su cantidad.
Con todo, el balance general de este año es auspicioso para el funcionamiento cotidiano de la administración de Justicia. Cubrir las vacantes acumuladas durante años de desidia legislativa es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la Justicia Federal pueda cumplir su función con la celeridad y la solvencia que la ciudadanía reclama. Pero la integración plena de los tribunales no garantiza por sí sola la independencia de los jueces frente a las presiones políticas ni la calidad de sus sentencias; depende también de la solidez de los mecanismos de selección, de la transparencia en la evaluación de antecedentes y de una cultura institucional que resista tanto las urgencias del poder de turno como las tentaciones corporativas del propio Poder Judicial.
