jueves 23 de junio de 2022

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El Mirador Político

El fuero desertor

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22 de mayo de 2022 - 01:15

Las penurias de los federales por las objeciones forasteras a su desempeño en las causas de las criptoestafas piramidales disimula la deserción de la Justicia provincial, cuyos fiscales se deshicieron prestos de las denuncias que les cayeron con la anuencia del Juzgado de Garantías, donde se admitieron los argumentos declinatorios con análoga velocidad.

Esta abdicación contribuye a la sensación de indefensión que cunde entre los damnificados por los fraudes, sobre todo por el contraste con los resultados obtenidos en el caso de Edgar Adhemar Bacchiani por la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, quien se negó a abandonar su investigación y dejar a los perjudicados cordobeses a expensas de la gestión del Juzgado Federal de Catamarca. También fue una fiscal cordobesa la que abrió el derrotero para la caída de Generación Zoe: Juliana Companys, de Villa María, fue la primera del país en imputar y ordenar la detención de Leonardo Cositorto y otras 22 personas vinculadas con esa organización.

A estos dos ejemplos se superpuso esta semana el de una jueza tucumana que embargó 6.500 dólares de las cuentas virtuales de Bacchiani que el juez federal de Catamarca, Miguel Contreras, estima inembargables por imposibilidades tecnológicas. María del Rosario Arias Gómez, jueza de Documentos y Locaciones I, ordenó que se oficie a “Binance Services Holding Limited” para inmovilizar la suma y que el monto –alrededor de 1,3 millones de pesos- sea depositado en una cuenta del Poder Judicial en el Banco Macro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Las provinciales Rissi y Arias Gómez suplieron defectos de los procedimientos que lleva adelante el Juzgado Federal que quedaron en evidencia también con el desembarco del subrogante santiagueño Sebastián Argibay en la causa RT Inversiones. Los provinciales catamarqueños optaron por sacarle la nalga a la jeringa, conducta que abona todo tipo de conjeturas explicativas, ninguna de ellas honorable.

Indefensión

Una de las denuncias interpuesta en Fiscalía General de la Provincia contra el grupo Bacchiani se extendió en argumentos sobre la intemperie provocada por la defección en beneficio del fuero federal.

Tras pedir la inmediata intervención judicial de “Adhemar Capital SRL” y el decomiso de los bienes de los acusados y lo que pudieran haber transferido a terceros, el escrito marcó severas críticas al trámite que dieron a la investigación los federales, en particular porque no dispusieron medidas cautelares para inmovilizar el patrimonio de los encartados a los fines de garantizar la reparación de los perjuicios y evitar que se insolventen de forma fraudulenta.

“La culminación de todo este proceso defraudatorio –señaló el representante legal de los perjudicados- se encuentra con la insolvencia fraudulenta de todos los participantes de la asociación ilícita, que durante el transcurso del año 2021 transfirieron sus bienes sin ninguna razón lógica y legal, con el solo fin de poner en resguardo las riquezas cosechadas ilícitamente”.

Recordó las reformas introducidas en el Código Penal para “excluir la posibilidad de que el autor del hecho obtenga un lucro como consecuencia del delito” y destacó entre ellas la incorporación de “la figura del decomiso sin condena (también llamado “decomiso anticipado”) respecto de los delitos contra el orden económico y financiero”.

También, que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, jefatura de los fiscales federales, redactó en 2018 “una guía de medidas cautelares para el recupero de activos”, que en la investigación federal no se habría seguido.

“En una situación que llama poderosamente la atención, al día de la fecha no se dispusieron los allanamientos de los domicilios de los denunciados José Blas y Franco Alexis Sarroca. Y en el caso del señor Edgar Adhemar Bacchiani, no se dispuso el allanamiento del domicilio de su pareja, Sofía Piña, quien se encuentra embarazada y convive con el mismo. En función del tiempo trascurrido y la importancia que reviste allanar los domicilios indicados para la investigación de la presente causa, solicito se dispongan de manera urgente los mismos a los efectos de localizar y secuestrar dinero, títulos, valores, bienes de valor, toda documentación y libros contables, escrituras públicas, contratos, llaves de cajas de seguridad, todo dispositivo electrónico (celulares, tablets, notebooks, netbooks, computadoras, etc.) y todo otro bien o cosas mueble de utilidad para la presente causa. Igual temperamento deberá adoptar para toda caja de seguridad existente en los bancos de plaza u otro banco en el territorio nacional, que se encuentre a nombre de los denunciados y/o cónyuges y/o parejas”, planteó el denunciante.

El planteo, junto a todos los otros que se radicaron en la Provincia, fue a engordar el expediente federal, concentrado en la detección de activos virtuales cuando lo que ingresó a las financieras sospechadas fueron billetes, contantes y sonantes o vía transferencias bancarias.

Culpas colectivas

La deserción del fuero provincial es en rigor la continuidad de una deserción colectiva que tuvo muy pocas excepciones.

Mientras las pirámides colapsadas se edificaban, instituciones y referentes sociales y políticos asumieron una posición contemplativa o abiertamente cómplice. Las contadas advertencias sobre este desenlace indefectible fueron hasta vituperadas.

Es esa irresponsable indiferencia o complicidad general la que dejó a los catamarqueños inermes, a merced de los piratas.

Un episodio la condensa. El año pasado, el equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Catamarca se consagró campeón de un torneo nacional en San Juan del que participó auspiciado por “Adhemar Capital”, cuya divisa lució orgulloso en las camisetas. El trofeo le fue entregado por el “Trader God” en persona al arquero y capitán del combinado, Luis Baracat, secretario penal del Juzgado Federal. Entre los campeones había varios caracterizados miembros de la magistratura provincial.

Inmejorable síntesis de los motivos del descrédito: el sindicato de las togas, sponsoreado por un reo de estafa.

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Adhemar Capital. según la denuncia, la escribana era parte de la empresa.

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