domingo 14 de abril de 2024
Cara y Cruz

El factor Supremo

La incertidumbre por la posición que podría asumir la Corte Suprema de Justicia en las causas promovidas por las provincias contra los recortes ejecutados por la Nación fue uno de los factores que indujeron la tregua que propuso Javier Milei a los gobernadores en su mensaje al Congreso.

La sentencia de la Justicia Federal de Chubut favorable al reclamo del gobernador Ignacio Torres por los subsidios al transporte operó en el espíritu libertario como un presagio inquietante: la Corte siempre se ha inclinado por las provincias en los litigios fiscales contra la Nación.

El precedente más fresco es el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación que le practicó Alberto Fernández para fondear a la Provincia de Buenos Aires, pero hay varios ejemplos anteriores.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso y la derrota ante Torres, la gestión libertaria se arriesgaba a sufrir otra frustración en el máximo tribunal del país por disponer unilateralmente de recursos que son de las provincias.

Aparte de conseguir tiempo para intentar estabilizar un orden político razonable, como le planteó el propio FMI, la bandera blanca de Milei busca ralentizar los tiempos judiciales, porque permite que los gobiernos provinciales aflojen la presión por respuestas a sus reclamos sobre la Corte.

El frente judicial le ha sido en las primeras instancias adverso con el DNU/70, y el “per saltum” pergeñado para que los supremos se aboquen directamente a las causas podría convertirse en un búmeran de altísimo costo. ¿Incluiría el Presidente a los miembros de la Corte en la denostada casta en caso de que no le dieran la razón?

Mauricio Macri enfrentó en el primer tramo de su mandato dilemas similares, que resolvió con el mecanismo del pacto fiscal.

La Corte Suprema tenía en las gateras tres sentencias potencialmente letales para la recién asumida administración de Cambiemos.

Una era la devolución a la masa de recursos coparticipables del 15% que se retenía para financiar la ANSES desde mediados de la década de 1990, por la transferencia de las cajas previsionales de las provincias a la Nación y la instauración del régimen de AFJP.

La otra le ordenaría devolver el 30% del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero, que se coparticipaba y él había derogado por decreto.

La tercera descongelaría el Fondo del Conurbano Bonaerense, que originariamente se había establecido en el 10% del Impuesto a las Ganancias, al que Carlos Menem le había puesto un techo de 60 millones de pesos.

Esos erosivos golpes sobre las finanzas nacionales fueron esquivados a través de un acuerdo con los caciques provinciales que se cerró en 2017 y tuvo su efecto de consenso en diciembre de ese año, con la sanción en el Congreso de la controvertida Reforma Previsional de las “tres toneladas de piedra”.

Macri sufriría dos años después, en plena campaña electoral, una sentencia adversa concreta. La Corte le ordenó retroceder con la baja del Impuesto a las Ganancias que había dispuesto por decreto, frente a las acciones de amparo interpuestas por los gobernadores debido a los prejuicios que esto provocaba en sus ingresos por coparticipación. Este antecedente le marcó a Sergio Massa la conveniencia de sacar la misma medida a través de una ley de Congreso.

En el horizonte de Milei están las podas a los fondos que subsidian el transporte, establecidos precisamente en el marco del pacto fiscal macrista para compensar la desaparición del Fondo Sojero, y el Fondo de Incentivo Docente.

La Corte suele demorar sus pronunciamientos a la espera de que las diferencias se resuelvan en el plano político. Milei comenzó las tratativas rumbo al Pacto de Mayo con la oferta de reponer Ganancias. A cambio pide el respaldo para su Ley Ómnibus.

Al final del camino del pacto fiscal estaría que las provincias desistan de los recursos judiciales por los recortes.

Habrá que ver si con restituir Ganancias alcanza.n

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