Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés reveló que para muchos argentinos ser pobre es, hoy, la condición que más maltrato y dificultades genera en la interacción social. El estudio no indagó sobre las convicciones personales de los encuestados —es decir, no preguntó a quién discriminan ellos mismos—, sino sobre lo que observan en el trato que la sociedad en su conjunto dispensa a los distintos colectivos.
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El estigma dominante
Un 64% de los participantes sostuvo que la condición de pobreza genera peor trato con mucha o bastante frecuencia, un porcentaje que supera ampliamente al resto de los colectivos relevados. Le siguen las personas homosexuales, con el 47%, y las mujeres, con el 42%. Un 32% identificó estas dificultades para personas negras o de piel oscura, y un 25% para extranjeros.
Ese fenómeno se denomina aporofobia, un término acuñado por la pensadora española Adela Cortina para describir el rechazo, la hostilidad o el desprecio hacia las personas pobres. Lo llamativo es que en la Argentina esa fobia específica hacia el pobre parece haberse instalado con más fuerza que otras formas de discriminación históricamente más discutidas en el debate público. Es decir, la pobreza se ha convertido en el estigma dominante, quizás el más silencioso porque no siempre se lo reconoce como tal.
El estudio, además, segmentó a los encuestados por género, edad, nivel socioeconómico y voto en las elecciones presidenciales de 2023, y allí aparece otro dato para la reflexión. Las mujeres, las personas más jóvenes y quienes votaron a fuerzas de izquierda perciben mayor discriminación y peor trato hacia los distintos colectivos que los hombres, las personas de mayor edad y los votantes de derecha. Esta brecha perceptiva confirma que la sensibilidad frente a la desigualdad y el maltrato social no es uniforme, sino que está atravesada por variables generacionales, de género y, cada vez más, por la identificación política.
Hay, sin embargo, un dato que invita a matizar el diagnóstico sin restarle gravedad. La percepción de maltrato hacia las personas por el color de su piel es, en la Argentina, sensiblemente más baja que en otros países, incluso en aquellos con mayor desarrollo económico e institucional.
Frente a este panorama, resulta imprescindible que tanto los distintos niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— como las organizaciones de la sociedad civil impulsen campañas de concientización sostenidas, que no se limiten a un enunciado declarativo sobre la no discriminación, sino que aborden de manera específica el rechazo hacia las personas en situación de pobreza. La aporofobia, precisamente por ser menos nombrada que otras formas de discriminación, corre el riesgo de quedar invisibilizada en las agendas públicas. Solo desde ese reconocimiento será posible avanzar hacia condiciones reales de igualdad de derechos, donde ningún colectivo quede relegado a un lugar de segregación o desprecio social por su nivel socioeconómico, su género, su orientación sexual, el color de su piel o su origen.n