El secretario general de SIDCA, Sergio Guillamondegui, consideró que la baja a docentes que ya prestaban servicios en el sistema educativo es un hecho de gravedad institucional porque se afecta a derechos adquiridos de los educadores.
"Desde nuestro gremio consideramos que existe una situación de gravedad institucional tras haber tomado conocimiento de esta resolución ministerial en el sentido de que los docentes han tomado su cargo por asamblea de opción de cargo, conforme a lo normado en la ley 3122, Estatuto del Docente y normas reglamentarias", señaló a través de un comunicado.
"Entendemos que el Estado debe rectificar y actuar en concordancia con el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores cuando existe un derecho subjetivo y los agentes ya se estaban desempeñando frente a los alumnos. Consideramos que en caso de no rectificar los errores en el procedimiento- que hace a una culpa estrictamente del Ministerio de Educación -no pueden verse afectados los derechos subjetivos de los trabajadores de la educación", explicó.
Luego, anticipó que SIDCA accionará legalmente en representación de sus afiliados por los daños y perjuicios ocasionados con las acciones pertinentes respectivas.
Más adelante, Guillamondegui pidió que investiguen las responsabilidades de aquellos funcionarios que han ocasionado el perjuicio. "No obstante, el Estado tiene que hacerse cargo, subsanar los errores de procedimiento y encauzar la situación conforme a derecho para que no se vea resentida la credibilidad del sistema en opciones de cargo ni los derechos que han adquirido los docentes afectados".
La resolución de la baja de los 282 docentes tiene fecha de 23 de diciembre. Sin embargo, los docentes fueron notificados en febrero, al regresar a las instituciones.
Ayer, el Gobierno decidió no dar ninguna respuesta por la situación.
El cese de los docentes en los distintos cargos generará que con el comienzo del ciclo lectivo haya varias horas sin cobertura.
La situación se agrava para el nivel superior. Es que los docentes fueron dados de baja con fecha 31 de diciembre y en realidad no se garantiza que ese educador pueda participar de las mesas de exámenes de su materia prevista para los turnos de febrero- marzo. Esto significa también que los alumnos perderán su derecho a ser evaluados por el docente que tuvo en el ciclo lectivo.
