El proyecto de construcción del gasoducto “Néstor Kirchner” tenía como objetivo que Argentina avance hacia la soberanía energética. Es decir, producir la suficiente energía, en este caso el gas natural, de modo que se deje de importar el producto, lo que le ocasiona al país una sangría permanente de divisas. El gasoducto, que distribuye el gas de Vaca Muerta, se puso en marcha promediando este año y permitió, primero, reducir significativamente el déficit de la balanza comercial energética, y luego lograr superávit.
Pero se trata de un proyecto que prevé obras complementarias para que el gas natural llegue a más provincias, por ejemplo a las del norte argentino. El Gasoducto del Norte permitirá transportar gas de Vaca Muerta hacia una serie de jurisdicciones entre las que se cuenta Catamarca. La información proporcionada por la empresa estatal ENARSA consigna que entre los beneficios se destaca la distribución del gas a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades fabriles, en especial la minería de litio. Pero, además, la obra proveería de energía eléctrica a todas estas provincias.
En función de este proyecto es que Argentina decidió poner fin por anticipado, a partir del año que viene, al contrato por el que le compraba gas a Bolivia. Ese contrato entró en vigencia en 2006 y finalizaba originalmente en 2026, pero el año pasado ENARSA y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) decidieron acortar el contrato, poniéndole punto final el 31 de julio del año que viene.
El problema es que Javier Milei anunció el fin de la obra pública, lo que ha frenado el proceso del Gasoducto del Norte. De modo que un escenario probable es que Bolivia deje de proveer el gas al Norte y que, al no construirse el nuevo gasoducto, tampoco llegue el gas de Vaca Muerta. La única opción que quedaría, en esa encrucijada, sería incrementar nuevamente la importación de gas, generando nuevamente un déficit en la balanza energética, lo que repercutiría también en el déficit fiscal global, que es lo que el gobierno que asume mañana quiere reducir rápidamente a cero.
La continuidad de las obras previstas de extensión de la red, según los planes iniciales que ahora están en punto muerto, permitían pronosticar un superávit en la materia. La proyección del Ministerio de Economía era, para 2024, exportaciones energéticas por más de US$ 9.000 millones e importaciones por casi US$ 6.000 millones. Es decir, un superávit de alrededor de 3.000 millones.
Este ejemplo puntual permite corroborar la importancia de la obra pública, no solamente para generar trabajo y dinamismo en la economía, sino también para el desarrollo estratégico de la Argentina, que redunda en el mediano y largo plazo, en la multiplicación de los ingresos y la reducción del déficit fiscal. Paralizarla puede ocasionar el efecto contrario.
