El conflicto que rodea la asunción como presidente del Consejo de la Magistratura del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti, se inscribe en la serie de movimientos que Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores viene desarrollando desde que el Congreso aprobó el acuerdo con el FMI sin su consentimiento.
Ese episodio fue una bisagra en la dinámica del Frente de Todos en un sentido muy específico: marcó el límite del poder de veto que la Vicepresidenta había venido ejerciendo hasta ese momento sin yerros para condicionar a Alberto Fernández. Si bien la anuencia de la oposición fue indispensable para coronar el trámite parlamentario, en el campo oficialista el cristinismo quedó aislado frente al resto de la coalición peronista compuesto por gobernadores, sindicalistas y movimientos sociales. Es decir: la sanción del acuerdo con el Fondo mostró con nitidez que el peso institucional de los sectores ajenos al cristinismo es mayor al de los que pueden controlar Cristina y La Cámpora. Carecen por el momento, debido a la defección de Fernández y a la ausencia de figuras del volumen similar al de Cristina, de una conducción que les dé consistencia, pero esa vacancia podría no ser eterna.
El cristinismo pasó entonces a la ofensiva en la disputa por la propiedad del Frente de Todos y extremó la exposición de las disidencias ideológicas. Primero a través de La Cámpora y sus satélites, a la espera del momento propicio para que Cristina entre en liza derecho viejo.
Llegó con la Asamblea Parlamentaria Europea y Latinoamericana, cuyo acto de apertura fue desvirtuado por la Vicepresidenta con consideraciones facciosas entre las que se destacaron las alusiones al litigio intestino que libra con su Presidente. La frase de la anfitriona que más trascendió en el evento fue: “Que te pongan una banda y el bastón no significa que tengas el poder”.
La colisión con la Suprema Corte de Justicia forma parte de la misma estrategia. La discusión jurídica puede escalar hasta el infinito, pero en términos institucionales hay un hecho incontrastable: el Congreso no sancionó la ley del Consejo de la Magistratura para salvar el vacío que dejó la caída por inconstitucionalidad de la aprobada en 2006, que era factura de Cristina.
El lunes que Rossati avanzó, en palabras de Oscar Parrilli “a lo Rambo”, para tomar el comando del Consejo de la Magistratura, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos exigió a la Corte que “arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación”.
¿Por qué Cristina no planteó tal salida antes? El conflicto de poderes que se avecinaba era obvio y su estallido tenía fecha puesta; agravia la demostrada solvencia intelectual de la Vicepresidenta suponer que no la advirtió. Lo más probable es que la asunción de Rosatti haya sido precisamente lo que quería, presunción que se afirmó con la insólita precautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que ordenó a Cristina y Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, que se abstuvieran de designar a los dos representantes del Congreso en el Consejo. Esta obscena alteración de la jerarquía judicial, a través de la que un juez le enmienda la plana a la Corte, fue instigada por un amparo del diputado cristinista Marcelo Casaretto.
Los estragos adicionales que se infieren a unas instituciones de por si desacreditadas son daños colaterales.
Lo principal es que Cristina ya tiene el “casus belli” que necesitaba para tratar de recuperar el poder de veto perdido con el acuerdo del FMI. Conviene advertir que, si bien es cierto que la configuración de la Justicia tiene una importancia superlativa para el sistema republicano, este asunto del Consejo de la Magistratura tiene un interés muy circunscripto para una sociedad agobiada por flagelos como la pauperización y la escalada inflacionaria, asuntos a los que no se refiere pese a ser ideóloga originaria del Gobierno que no acierta siquiera a atenuarlos.
Le sirve, sin embargo, para retener el centro de la escena y desplegar la retórica antisistema que intenta disimular su retroceso. Ningún perjuicio colectivo es demasiado grande si contribuye a ese objetivo personal.
