En julio de 2021, la Legislatura convirtió en ley una modificación a la ley Orgánica de Municipalidades por la que se incluye la figura de la suspensión y destitución de un intendente o concejal ante una condena.
lunes 29 de mayo de 2023
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SUSCRIBITEEn julio de 2021, la Legislatura convirtió en ley una modificación a la ley Orgánica de Municipalidades por la que se incluye la figura de la suspensión y destitución de un intendente o concejal ante una condena.
Este agregado surgió tras la condena al exintendente de la Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, por abuso sexual y fue conocido como el "Inciso Aybar".
En concreto, el agregado del "Inciso Aybar" al artículo nº60 de la ley 4640 establece las condiciones para la intervención, suspensión y destitución de un intendente o miembro del Concejo Deliberante.
Según la norma, el titular del Poder Ejecutivo Municipal o miembro del CD será "suspendido y separado del cargo sin goce de haberes si fuera condenado por delito doloso" hasta tanto la sentencia quede firme. En caso de que la condena ya quede firme, operará la destitución sin más trámites.
Esta figura de la suspensión y destitución corresponderá "por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones, por inhabilidad física o moral grave".
La suspensión será por un plazo de 180 días, mientras que el mecanismo de la destitución dependerá si el municipio tiene o no tiene Concejo Deliberante.
Si el municipio tiene CD, se resolverá con el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, mientras que si no tiene CD será por ley con los dos tercios de ambas Cámaras y no podrá ser vetada por el Ejecutivo.
La norma tuvo el respaldo unánime de todos los legisladores tanto en el Senado como en Diputados, pero el Ejecutivo provincial vetó la ley al considerar que no respetaba el principio de inocencia. El veto fue enviado a la Legislatura para su aceptación o rechazo pero nunca fue tratado y se aprobó de hecho.
Por su parte y en el caso de la oposición provincial, a fines de 2020, la UCR modificó su Carta Orgánica e incorporó un artículo para impedir que puedan ser candidatas partidarias aquellas personas con condenas por delitos contra la integridad sexual, delitos contra la Administración Pública, narcotráfico y crimen organizado.