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SUSCRIBITELa aprobación del pliego de Laureano Palacios como fiscal de instrucción en el Senado no fue distinta a muchas otras, pero que lo hayan apartado de la investigación del crimen del ministro Juan Carlos Rojas la destaca como muestra del pacto corporativo que viene erosionando desde hace años el prestigio del Poder Judicial.
Como el concurso para cubrir la Fiscalía de Instrucción Nº 2 había quedado desierto, Palacios tuvo que sortear para llegar a esa instancia filtros mucho menos exigentes, en ninguno de los cuales se le plantearon interrogantes sobre su competencia para el puesto. Logrado el favor del Poder Ejecutivo, que lo propuso, solo requería la aprobación de una Cámara de Senadores con aplastante mayoría oficialista.
Los rituales del tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales exigían, aparte de la entrevista personal y el examen de su currículum, inmaculado de precedentes en el Poder Judicial pero plagado de jinetas militantes, la consulta a la Corte de Justicia y el Colegio de Abogados.
Al informar el dictamen favorable de la comisión, el senador Augusto Ojeda resaltó que ambas entidades, garantes de la solvencia jurídica, habían dado el visto bueno al postulante, que la entrevista había sido “exhaustiva” y que no habían ingresado impugnaciones. Se permitió augurar, además, que “la formación social y humana” del inminente fiscal “acercaría la Justicia al ciudadano de manera más rápida y eficiente”. Las predicciones no son lo suyo, por lo visto.
En ese mismo plenario, los senadores aprobaron el pliego de Lucas Vaccaroni como juez de Garantías. También había pasado por la entrevista “exhaustiva” de la comisión, contaba con el pulgar arriba de la Corte y el Colegio y nadie lo había impugnado, pero, a diferencia de Palacios, había ganado el concurso de la Comisión Evaluadora y trabajado cinco años como relator en el Tribunal Oral Federal.
Los dos consagrados juraron juntos pocas semanas después en el Salón San Martín de la Corte.
Quizás fue el oficio adquirido en el TOF lo que le hizo advertir a Vaccaroni que Silvina Nieva, única sospechosa del asesinato de Rojas, estaba presa desde hacía una semana en base a una orden de detención nula, que ni Palacios ni su secretario habían firmado.
Si bien nadie ha osado cuestionar públicamente a Vaccaroni, con discreción se deslizan desde el ámbito político objeciones a su rigor formal, que aplicó de oficio. Para estos críticos, fue excesivo y de efecto demasiado cruel sobre Palacios, que sumó el papelón al protagonizado en el inicio de la causa, cuando tuvo que ordenar una segunda autopsia para corroborar lo que ya decía la primera: que Rojas no murió por causas naturales, sino por golpes brutales que le dieron en la cabeza. Encima, lo hizo recién después de que Luis Barrionuevo reveló que a Rojitas, su amigo y brazo derecho en Catamarca, “lo mataron”.
Un elemento a considerar es que un magistrado con antecedentes laborales en la Justicia le enmendó la plana a un novato.
Otro, que Vaccaroni trabaja en la Justicia desde hace más de un lustro y ganó el puesto por concurso, mientras que Palacios ingresó por favores políticos, sin pisar ningún escalón de la carrera judicial. La severidad del juez sintoniza con el encono de cientos de agentes judiciales postergados en beneficio de paracaidistas de la política.
Reflejo
El diplomático apartamiento de Palacios está en línea con la disposición del juez de Garantías. Fue el reflejo de autoconservación de un Poder Judicial transformado en reducto para “puntos índice” de privilegio, por el volumen de los sueldos, lo distendido del régimen laboral y la perpetuidad de los cargos.
Lo que le pasa al fiscal, sin embargo, es injusto. Podrá cuestionarse su irresponsable audacia, pero hay muchos como él, encumbrados sin concurso y con el aval unánime del Gobierno, el Senado, la Corte de Justicia y el Colegio de Abogados. A ninguno de estos actores institucionales se le ocurrió nunca que la experiencia puede ser un requisito importante para desempeñarse como juez o fiscal. Ninguno atinó, por ejemplo, en sugerirle a Palacios que, si tanto le interesaba entrar a la Justicia, por ahí le convenía curtirse y aprender un poco en cargos menos jerarquizados antes de acceder al poder sobre la libertad y el patrimonio de las personas. No: fiscal de Instrucción derecho viejo.
Para su desgracia, asesinaron a un ministro justo cuando estaba de turno, y para colmo el occiso era amigo del influyente Barrionuevo. Si la víctima no hubiera sido Rojitas, lo más seguro es que la impericia de Palacios pasara como un pecado venial.
Aflicciones
Gobierno, Senado, Corte, Colegio de Abogados y satélites. El pacto corporativo político-judicial atraviesa una etapa de desencuentros. Para la Corte, el Colegio, la Asociación de Magistrados y el sindicato de los judiciales es un agravio a la independencia del Poder Judicial que el Gobierno y la Legislatura le hayan podado el Presupuesto porque proyectaba aumentos del 90% para el año que viene, en lugar del 60% programado para el resto de la administración pública, esos especímenes despojados de togas de rango menor.
El motivo de la aflicción es indicativo. La Corte y el Colegio de Abogados bellaquean rabiosos por la reducción de su bolsa, pero jamás se pronunciaron sobre el sostenido proceso de degradación que experimenta el Poder Judicial, en el que el incidente Palacios se encadena como último eslabón solo por la envergadura política y los vínculos del asesinado.
Se trata del Poder Judicial que está juzgando las compras directas en el área de acción social a 19 años de cometidos los hechos y 18 de que se iniciara el expediente, no por iniciativa propia, de oficio ante lo escandaloso de las revelaciones periodísticas, sino por una denuncia.
El mismo Poder Judicial ha visto caer nada menos que cuatro fiscales y dos camaristas por razones oprobiosas en los últimos cinco años: Roberto Mazzucco, Marcelo González, Raúl Da Prá, Juan Pablo Morales, Jorge Alberto Flores y Ezequiel Walther fueron destituidos o renunciaron para no enfrentar el jury por causas tan edificantes como el soborno, la manipulación de pruebas, el abuso de autoridad y el hurto.
El mismo Poder Judicial es refractario a complicarse en la investigación de las criptoestafas y alberga a funcionarios integrantes del equipo de fútbol del Colegio de Abogados que fue auspiciado por Edgar Adhemar Bacchiani.
Problema político
Cuando estas máculas se plantean, los aludidos menean argumentos leguleyos, pero el desprestigio de la Justicia no es un problema jurídico sino político.
No está en cuestión la legalidad del Poder Judicial sino su legitimidad. Los emergentes de podredumbre han ido aumentando paulatinamente su frecuencia y naturalizándose sin que los afectados muevan un dedo para tratar de revertir el fenómeno. En contraposición, si les tocan el rechoncho bolsillo saltan como maíz frito.
Es notoria, aparte, la desaprensión respecto de la imagen institucional.
Suponiendo, con mucha benevolencia, que se hubieran tragado los sofismas de Bacchiani y sus epígonos e ignoraran que el dinero que embuchaban provenía de una estafa, jueces, fiscales y abogados eran muy dueños de poner su plata, blanca o negra, en las pirámides. Pero a ninguno se le pasó por la cabeza siquiera sugerir los riesgos que para el Colegio de Abogados y la Justicia implicaba someterse al pensamiento mágico y dejarse esponsorear por un financista que explicaba los desmesurados intereses que pagaba con una jerga indescifrable.
¿Si los propios miembros de una institución no la respetan, qué respeto pueden exigir a los forasteros? El respeto se gana, no se exige. Es hasta una cuestión de amor propio.
Venalidad, indolencia e incapacidad son los componentes del ácido que corroe la credibilidad de la Justicia al amparo de la complicidad corporativa.
