Mientras el gobierno nacional profundiza su estrategia de seducción hacia los grandes capitales internacionales, ofreciendo beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios cada vez más amplios para captar inversiones de gran escala, miles de pequeñas y medianas empresas argentinas continúan aguardando respuestas urgentes frente a una crisis de consumo que amenaza directamente su supervivencia. Es como si fuesen parte de dos países diferentes.
En esa dirección de promoción de las grandes inversiones se inscribe el nuevo proyecto que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación y que ya ha sido bautizado como Super RIGI. La iniciativa apunta a profundizar aún más los beneficios ya contemplados en el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente para industrias consideradas estratégicas y vinculadas a la transición energética, sectores que actualmente poseen escaso desarrollo en la Argentina.
El esquema propuesto representa un salto significativo respecto del régimen vigente. Mientras el RIGI establece una alícuota del 25% en el impuesto a las ganancias para las grandes inversiones alcanzadas, el denominado Súper RIGI reduciría esa carga al 15%. A ello se agregarían exenciones arancelarias ampliadas para la importación de insumos vinculados a la producción, además de arancel cero para las exportaciones, entre otros beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios.
Sin embargo, la realidad cotidiana del mundo pyme parece transitar un camino diametralmente opuesto. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan una situación de asfixia económica cada vez más severa. La caída sostenida del consumo interno, el desplome de las ventas, la presión impositiva, el encarecimiento del financiamiento y el aumento de los costos fijos configuran un escenario crítico.
En ese contexto, la Confederación Federal PYMES presentó en el Congreso un proyecto de salvataje destinado a asistir al sector mediante herramientas económicas, financieras e impositivas. La iniciativa contempla líneas de financiamiento blandas, suspensión de embargos y alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas orientadas a evitar cierres y despidos.
La entidad empresaria ha sido particularmente crítica del RIGI y de la orientación general de la política económica oficial. Según sostiene, el régimen no genera beneficios concretos para las pequeñas y medianas empresas ni impulsa de manera significativa el empleo argentino. Más aún, advierte que el esquema vigente prioriza sectores extractivos y financieros con escaso impacto directo sobre la industria nacional y el mercado interno.
Los números exhiben la gravedad de la situación de las pymes. Desde la asunción de Milei, se estima que han cerrado aproximadamente 25.000 de este tipo de firmas en todo el país, con una pérdida cercana a los 290.000 puestos de trabajo.
Es de esperar, entonces, que tanto el Congreso de la Nación como el Poder Ejecutivo sean permeables a las demandas de un sector profundamente golpeado por la crisis. Resultaría difícil explicar por qué el Estado puede diseñar sofisticados esquemas de beneficios para grandes inversores internacionales, pero no logra articular mecanismos mínimos de alivio para quienes sostienen buena parte de la economía real argentina.