La mayoría de los testigos fue propuesta por la defensa. Se presentaron empleados, exempleados de la Municipalidad de Bañado de Ovanta y familiares de la víctima. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, estos testigos dijeron no haber visto nada. A la vez, habían cuestionado a la víctima, como si ella estuviera en el banquillo de los acusados.
En la última semana, dos testimonios arrojaron datos que habrían descripto el contexto en el que habría sucedido este hecho de violencia. Elpidio Guaraz fue imputado por “privación ilegítima de la libertad agravada”, “abuso sexual con acceso carnal” y por tres hechos de “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado”. Al momento de los hechos y de las denuncias era intendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa.
Entre los testigos propuestos por la defensa se presentó una psicóloga que se desempeñaba en la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, por entonces, a cargo de Eduardo Codevilla. La profesional habría realizado una intervención –había entrevistado a la víctima- pero el informe en cuestión no habría ingresado al sistema. Tampoco habría constancia al respecto.
Otra de las declaraciones relevantes fue el de la testigo que había ayudado a la víctima. El hecho denunciado habría sucedido en noviembre de 2019. Poco después, la víctima le contó lo vivido y la mujer decidió ayudarla. La joven fue recibida en su casa. Por ese tiempo, a principios de 2020, la testigo cumplía funciones en el Ministerio de Educación, que estaba a cargo de Francisco Gordillo.
La testigo indicó que tras esta separación, el jefe comunal habría accionado para perjudicarla en su trabajo. Por orden del ministro Gordillo, fue destituida de sus funciones. Sin embargo, cuando la relación entre la víctima y el acusado se habría reanudado, la testigo recuperó su trabajo.
